Esfuerzo político para acercar la paz

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero afronta como presidente del Gobierno la asignatura pendiente de la democracia: lograr la paz en Euskadi. Encara ese reto ahora porque muchos entienden que algo se ha empezado a mover en ETA tras más de 36 años de actividad criminal y 817 asesinatos a sus espaldas.

En los próximos cuatro meses, los que faltan para celebrar las elecciones autonómicas vascas, la agenda de los políticos se cargará de citas donde tomarán decisiones importantes para el futuro de Euskadi, pero no suficientes para garantizar la paz. Esos mismos políticos deberán espera...

El socialista José Luis Rodríguez Zapatero afronta como presidente del Gobierno la asignatura pendiente de la democracia: lograr la paz en Euskadi. Encara ese reto ahora porque muchos entienden que algo se ha empezado a mover en ETA tras más de 36 años de actividad criminal y 817 asesinatos a sus espaldas.

En los próximos cuatro meses, los que faltan para celebrar las elecciones autonómicas vascas, la agenda de los políticos se cargará de citas donde tomarán decisiones importantes para el futuro de Euskadi, pero no suficientes para garantizar la paz. Esos mismos políticos deberán esperar a que los terroristas resuelvan qué pasos van a dar y sólo entonces podrán decidir si es posible abrir un camino hacia la paz basado en el diálogo.

Los socialistas quieren evitar la imagen de que van a las elecciones con el PP de la mano

El pasado día 15, nueve meses después de su investidura como presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero pronunció en San Sebastián su discurso más optimista sobre el futuro del País Vasco: "La esperanza en Euskadi ha comenzado. Todos saben hasta qué punto soy capaz de hacer esfuerzos por la paz". El jefe del Ejecutivo se mostró dispuesto a dialogar con Batasuna si condena la violencia de ETA y cesa "el ruido de las bombas y de las pistolas".

Un día antes de esa apuesta pública, Batasuna, formación política cuya legalidad está suspendida por su vinculación a ETA, había pedido por carta a Zapatero un "diálogo multilateral que culmine en un acuerdo satisfactorio para todos". La dirección de Batasuna aseguraba en su misiva que no pretendía plantear "un escenario independentista ni un frente nacionalista que imponga una solución unilateral al conflicto". Los radicales sugerían que el proceso de diálogo daría mejores resultados si el Gobierno negociaba con ETA "una desmilitarización multilateral". ETA, a través de un comunicado, respaldó la estrategia de Batasuna. El anuncio de los violentos desató algunas expectativas tras muchos años de pesimismo. La palabra tregua llenó el espacio político de las siguientes horas. Hasta que la banda terrorista acabó con las especulaciones mediante un coche bomba cargado con 40 kilos de explosivo que hizo estallar en Getxo previo aviso al diario Gara.

Los expertos en la lucha antiterrorista han interpretado que ETA perseguía dos fines con el atentado de Getxo:

- Recordar que su capacidad mortífera sigue intacta para así desbaratar la tesis de que la banda está a punto de decretar una tregua por su extrema debilidad.

- Extorsionar a los empresarios vascos que viven en la zona residencial de Getxo donde estalló el coche bomba.

"Ni antes del atentado había una ilusión desbordada ni ahora hemos caído en la desilusión más absoluta. Esta partida es tremendamente compleja, no se pueden dar pasos en falso", señala un miembro del Gobierno.

La partida de la paz que se juega en Euskadi tiene múltiples actores con intereses políticos claramente contrapuestos. El Gobierno central, socialista, tiene suscrito un pacto sobre política antiterrorista con el PP. Batasuna y ETA van de la mano y persiguen la independencia de Euskadi. El Ejecutivo vasco defiende como solución para alcanzar la paz un nuevo Estatuto que fija las bases jurídicas para la futura independencia del País Vasco.

GOBIERNO CENTRAL Que los ministros dejen de hablar del tema

El Ejecutivo socialista ha decidido cortar por lo sano el debate suscitado sobre la posibilidad de un cese del terrorismo por parte de ETA después del discurso de Zapatero ante la militancia socialista vasca. El Gobierno ha pedido a sus ministros que dejen de hablar del tema.

El Ejecutivo teme que la especulación sobre esta cuestión pueda servir a la banda terrorista como reclamo para intervenir o hacerse presente en el escenario político, en un momento en que, además, los terroristas acusan una gran debilidad.

"El presidente del Gobierno dijo en San Sebastián lo que tenía que decir; esto es, que estaba dispuesto a hablar con Batasuna si condena el terrorismo o si ETA deja de matar. Y si lo dijo es porque vio algún atisbo de esperanza por la información de que dispone sobre el mundo de Batasuna y por algunas novedades del propio comunicado de esta organización, que señalaba que ETA cedía la interlocución política a Batasuna. El miércoles, el presidente del Gobierno lo ratificó en la entrevista en la televisión pública, dejando además muy claro que la paz empieza por el combate contra ETA; esto es, que la banda estará más cerca de abandonar las armas cuanto más débil esté. A partir de ahí, ya no hay más que hablar", señala un miembro del Gobierno central.

El Ejecutivo socialista tiene interiorizado que cualquier proceso de pacificación, y ponen como ejemplo el de Irlanda del Norte, que marcha por buen camino, se alarga durante muchos años.

En el terreno político, el Gobierno también cree que la posición de Batasuna, expresada en su comunicado del pasado día 14, ha debilitado el plan Ibarretxe. "Nadie duda de que el plan Ibarretxe regresará al escenario político, porque va a ser el programa electoral del PNV en las elecciones vascas de la próxima primavera, pero también está claro que ha perdido fuerza, porque ya no puede venderlo como un programa de paz al no hacerse eco de él ni Batasuna ni ETA. Al contrario, Batasuna lo que quiere es hablar con el Gobierno, con lo que ha dado por muerto el Pacto de Lizarra y ya no apunta una solución en esa dirección, como en 1998", señalan fuentes gubernamentales.

En cuanto a las elecciones vascas, el PSOE tiene la sensación cada vez más nítida de que el plan Ibarretxe es percibido en la sociedad vasca como un problema. "Hace cuatro años, el miedo y rechazo a la política de confrontación de José María Aznar y Mayor Oreja acarreó una fuerte reacción favorable a Ibarretxe, que se presentaba como el hombre del diálogo. Ahora sucede lo contrario. Ibarretxe aparece cada vez más como un intransigente y el presidente Zapatero como el hombre del diálogo y el que está por la paz en Euskadi. Se está colocando en el centro de la escena política", señalan desde las filas socialistas. Ni en el Gobierno central ni en el Partido Socialista de Euskadi se considera la posibilidad de un pacto entre el PSE y el PNV tras las próximas elecciones vascas. Cualquier duda a ese respecto la despejó públicamente el pasado miércoles en Madrid el secretario general del PSE, Patxi López. "Queremos desalojar al PNV del Gobierno vasco", aseguró.

También se lo comunicó Zapatero al líder del PP, Mariano Rajoy, en la entrevista que mantuvieron en La Moncloa el pasado día 14. Esa información contribuyó a disipar recelos en Rajoy y a crear el clima de distensión que marcó la reunión.

El consenso alcanzado entre Zapatero y Rajoy ese día para buscar acuerdos sobre todas las reformas institucionales, la constitucional y las estatutarias, ha relajado el clima político. Los socialistas resaltan que la propia entrevista a Zapatero en la TVE-1, el pasado miércoles, lo reflejó.

La comisión de seguimiento, pactada por Zapatero y Rajoy, se constituirá la próxima semana. El Gobierno apuesta por un perfil más técnico que político y pretende poner al frente al secretario de Estado de Administración Territorial, José Luis Méndez, acompañado de dos miembros del PSOE y uno del PSC. No quiere una comisión "ni tan política ni tan numerosa como la de seguimiento del Pacto Antiterrorista".

EJECUTIVO VASCO Un guión alterado por Batasuna

Euskadi vive desde el pasado verano, e incluso antes, una prolongada precampaña electoral. Todas las miradas, estrategias y discursos están enfocados a las elecciones autonómicas, previstas para mayo. Los partidos nacionalistas en el Gobierno, PNV y EA, esperan alcanzar en ellas la mayoría absoluta del futuro Parlamento autonómico, con el previsible refuerzo de Ezker Batua, encabezada por Javier Madrazo, mientras que los partidos no nacionalistas (PSE-EE y PP) confían en que las urnas quiebren las expectativas de Ibarretxe. Junto a esta incógnita esencial aparece la no menos importante referida al futuro de ETA, tras sus movimientos y amagos de las últimas fechas.

La inesperada aprobación del plan Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria, gracias a tres de los seis diputados de la ilegalizada Batasuna, ha alterado el guión que tenía elaborado Ibarretxe y su partido para los meses inmediatos, pero no ha cambiado su estrategia de fondo. Ésta pasa por intentar movilizar al máximo al electorado nacionalista, como consiguió en 2001, y seguir absorbiendo votos de Batasuna. Sin embargo, la consecución de los 38 escaños que dan la mayoría absoluta (el PNV tiene ahora 26, EA, 7 y EB, 3) depende paradójicamente de que a la formación ilegalizada no se le permita concurrir a los comicios por aplicación de la Ley de Partidos, públicamente denostada por los nacionalistas. La reasignación de los siete escaños de Batasuna entre los partidos del tripartito (ahora suman 36) y los no nacionalistas (en 2001, el PP obtuvo 19 y el PSE 13) hace que, en esa hipótesis, uno de los dos bloques consiga inexorablemente la mayoría absoluta. A no ser que el debutante Aralar dé la sorpresa.

Tras la jugada del pasado 30 de diciembre, el candidato Ibarretxe no va a poder reprochar a Batasuna formar parte del "frente del no", junto a populares y socialistas, para evitar que la sociedad vasca pueda "decidir su futuro". En cambio, pretende continuar mordiendo su base electoral mediante un doble cebo: subrayar la vinculación de la formación de Otegi con la violencia y exhibir un mensaje soberanista -como el referido a la consulta popular- que suena bien a la izquierda abertzale. Por otro lado, va a intentar sacar el máximo rendimiento de la negativa del presidente Zapatero a negociar la propuesta de Estatuto, aprobada por el Parlamento vasco, y del próximo rechazo por el pleno del Congreso. El proyecto de nuevo Estatuto se mantiene así como el programa común de PNV-EA, aunque con menos recorrido que el que hubiera tenido en caso de haber sido derrotado en la Cámara vasca.

Los socialistas, afianzados por la victoria de Rodríguez Zapatero, quieren construir la alternativa con los populares desde la suma posterior de resultados, evitando a toda costa la reedición del abrazo Mayor Oreja-Redondo Terreros, como plantea sin ambages el PP, que dirige ahora en el País Vasco María San Gil. Ello exige que la operación no suponga un simple trasvase hacia Patxi López de votos que hace cuatro años fueron al PP y que la competencia de socialistas y populares por convertirse en la fuerza no nacionalista de referencia no debilite las opciones de ambos. El PSE confía en activar a su favor el efecto Zapatero y que la radicalidad del PNV propicie trasvase de votos, inédito hasta ahora, desde el nacionalismo moderado hacia su propuesta de reforma pactada del Estatuto de Gernika.

En el previsible terreno de juego vasco hay, sin embargo, un factor no controlable. Pese al dato objetivo de su debilitamiento e incapacidad para torcer la voluntad de las instituciones del Estado, ETA todavía puede trastocar en Euskadi -con sus acciones y, sobre todo, con su renuncia definitiva a la violencia- bastantes de las previsiones de campaña.

PARTIDO POPULAR Apoyo al Gobierno para la unidad de España

El pasado día 14, pocas horas antes de la entrevista en La Moncloa entre Mariano Rajoy, líder del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, el secretario general de los populares, Ángel Acebes, defendía, después de una conferencia de prensa, que se alcanzaría "seguro" un pacto. "Mariano va a llevar una oferta muy generosa, y la sociedad española no entendería que Zapatero la rechazase". Nadie rechazó nada. En la conversación fue analizada la situación de ETA y la posibilidad de un diálogo con los terroristas. Rajoy, a la salida, proclamó: "Primero tienen que dejar las armas, y luego, ya veremos". Con el paso de los días fue endureciendo su discurso: "Con ETA no hay nada que negociar".

El origen de esa "generosidad" del PP en su oferta a Zapatero era "la gran preocupación" que "el desafío planteado por el plan Ibarretxe" había desatado entre los ciudadanos en sólo dos semanas. Además, se había avivado una sonora crispación entre los dos grandes partidos. El PP acusaba al Gobierno de no responder "en serio a una seria amenaza de ruptura", y el PSOE contestaba que los populares sólo intentaban aprovechar el plan Ibarretxe para desgastar con total deslealtad al Ejecutivo.

Esto último es lo que, aparentemente, más disgustaba a Rajoy. El pasado día 15, un día después de la entrevista en La Moncloa, Acebes y Rajoy ofrecían la siguiente explicación de su nueva estrategia de concertación con el Gobierno. "Es bueno para España, ¿no? Pues eso es lo importante ahora, no los réditos que pueda obtener uno u otro partido", manifestó Acebes. Y Rajoy explicó: "La situación es grave. Lo que ha planteado Ibarretxe es una amenaza de ruptura. Y nosotros no podíamos consentir que, encima, se nos acusara de ser prácticamente los culpables de todo por generar no se qué crispación. He ofrecido nuestra ayuda al Gobierno para mantener la unidad de España y la estabilidad constitucional. Más no puedo hacer". Esa frase la ha repetido Rajoy desde entonces para argumentar que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno.

El documento de propuesta de pacto que Rajoy llevó a La Moncloa sugería que las reformas estatutarias se hagan con el respaldo de dos tercios de las Cortes. Es una mayoría cualificada que funciona para muchas cuestiones polémicas. Por ejemplo, el PP esgrime que la mayoría socialista acaba de introducir por la vía de máxima urgencia, y con el voto en contra de los populares, una mayoría de tres quintos para el nombramiento de altos magistrados.

El argumento de fondo para que sea una mayoría cualificada la que apoye las reformas de los Estatutos es evitar que "se hagan en contra de la voluntad de la mitad de la ciudadanía". El problema es que las dos reformas ahora en discusión, las de los Estatutos del País Vasco y de Cataluña, se producen en territorios donde el nacionalismo es mayoritario.

El Gobierno socialista considera "altamente conveniente" para sus intereses contar con el apoyo del PP para aprobar en el Congreso las reformas estatutarias que lleguen en próximos años.

Información elaborada con datos aportados por Luis R. Aizpeolea, Emilio Alfaro y Pilar Marcos.