El 'síndic' duda que sea constitucional que los partidos impongan su señal televisiva
El síndic de greuges, Rafael Ribó, considera que la prohibición impuesta por los partidos políticos al acceso de cámaras de televisión a los actos electorales es de dudosa constitucionalidad. Mediante una resolución dada a conocer ayer, el síndic contesta así a la queja remitida el pasado marzo por profesionales de medios públicos de comunicación catalanes que veían limitado el derecho a informar. Además, aunque reconoce que los bloques electorales son una solución posible a la exigencia de pluralidad informativa, opina que se pueden buscar fórmulas más flexibles, como las de otr...
El síndic de greuges, Rafael Ribó, considera que la prohibición impuesta por los partidos políticos al acceso de cámaras de televisión a los actos electorales es de dudosa constitucionalidad. Mediante una resolución dada a conocer ayer, el síndic contesta así a la queja remitida el pasado marzo por profesionales de medios públicos de comunicación catalanes que veían limitado el derecho a informar. Además, aunque reconoce que los bloques electorales son una solución posible a la exigencia de pluralidad informativa, opina que se pueden buscar fórmulas más flexibles, como las de otros países europeos. Para ello, emplaza a las partes implicadas a llegar a un acuerdo que permita la formación de una opinión pública libre.
Periodistas de los medios públicos catalanes denunciaron al síndic ambas prácticas por considerar que atentaban contra el derecho constitucional a la libre información. En su resolución, Ribó considera necesario revisar estos criterios. Con este objetivo, propone a las partes implicadas sentarse en una mesa de negociación para buscar otras fórmulas que sean "menos lesivas en el ejercicio del derecho a la información". Solicita a la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) y al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que lideren el debate propuesto. Según él, la negociación se debería poner en marcha fuera de periodos electorales, por lo que aconseja que se inicie tras el referéndum sobre la Constitución europea.