Buenas y malas noticias
La principal agencia de evaluación crediticia del mundo, Standard and Poor's, ha otorgado al Estado español la máxima calificación. La deuda pública emitida por el Reino de España se ha situado en el mayor nivel de solvencia a largo plazo, con una perspectiva estable. Con el PP en el Gobierno, habían otorgado la misma calificación las otras dos agencias con mayor proyección internacional: Moodys y Fitch.
Es una muy buena noticia. En primer lugar porque de esas calificaciones depende en gran medida la capacidad de apelación a los mercados internacionales de capital y las condiciones de p...
La principal agencia de evaluación crediticia del mundo, Standard and Poor's, ha otorgado al Estado español la máxima calificación. La deuda pública emitida por el Reino de España se ha situado en el mayor nivel de solvencia a largo plazo, con una perspectiva estable. Con el PP en el Gobierno, habían otorgado la misma calificación las otras dos agencias con mayor proyección internacional: Moodys y Fitch.
Es una muy buena noticia. En primer lugar porque de esas calificaciones depende en gran medida la capacidad de apelación a los mercados internacionales de capital y las condiciones de precio en que tiene lugar. En segundo, porque para la determinación de esa calificación se han hecho explícitas valoraciones sobre el estado actual de la economía española y, lo que es más importante, sobre la política económica, inequívocamente favorables.
Tal percepción de la economía española por evaluadores externos debería facilitar la adopción de decisiones gubernamentales encaminadas a reducir las zonas oscuras que todavía exhibe nuestra economía. Algunas las señala la agencia internacional como los riesgos derivados de un brusco ajuste en los precios de la vivienda. Otras son todavía más visibles, como la tasa de inflación significativamente más elevada que la de nuestros principales socios comerciales. Junto con el escaso fortalecimiento de la base de capital durante los últimos años, el retraso en abrazar la sociedad de la información o los más pobres registros de productividad de la UE alertan sobre una excesiva pérdida de competitividad de la economía española.