El Gobierno forzará otra votación sobre la fallida reforma judicial

El presidente del Congreso se opone a la estrategia del PSOE

El Gobierno quiere forzar una nueva votación en el Congreso para sacar adelante la reforma urgente del sistema de elecciones de jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores tras el fiasco del pasado jueves, cuando la ausencia de 18 diputados socialistas impidió que prosperase la ley orgánica. Para ello, el PSOE, con el apoyo de ERC, PNV, IV y Grupo Mixto, ha pedido que se modifique el orden del día del próximo pleno (jueves 2 de diciembre) para llevar a cabo una segunda votación.

Sin embargo, la presidencia del Congreso, que ocupa el socialista Manuel Marín, y el PP consid...

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El Gobierno quiere forzar una nueva votación en el Congreso para sacar adelante la reforma urgente del sistema de elecciones de jueces del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores tras el fiasco del pasado jueves, cuando la ausencia de 18 diputados socialistas impidió que prosperase la ley orgánica. Para ello, el PSOE, con el apoyo de ERC, PNV, IV y Grupo Mixto, ha pedido que se modifique el orden del día del próximo pleno (jueves 2 de diciembre) para llevar a cabo una segunda votación.

Sin embargo, la presidencia del Congreso, que ocupa el socialista Manuel Marín, y el PP consideran que tal modificación es imposible. Fuentes de la presidencia recordaron ayer que para cambiar el orden del día es preciso el acuerdo unánime de los grupos (el PP se opone y CiU y Coalición Canaria no se han pronunciado). El PSOE cree que bastaría con que una mayoría lo reclamara, ya que el artículo 68 del reglamento del Congreso dice: "El orden del día del pleno puede ser alterado por acuerdo de éste, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara".

El PP considera que la reforma ha sido rechazada, por lo que el Gobierno debe tramitarla de nuevo. En ese caso, el nuevo sistema de elecciones de cargos judiciales se retrasaría, en contra de los planes del Gobierno, que quiere aplicarlo en la renovación de la cúpula del Tribunal Supremo prevista para enero. La reforma pretende que los nombramientos que realice el Consejo General del Poder Judicial requieran el apoyo de tres quintas partes de sus vocales (13 de los 21). Ahora basta con una mayoría simple, lo que permite a los conservadores imponer su criterio.

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