Los juristas europeos dan la razón al comisario Barrot

Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo confirmaron ayer por escrito que el comisario francés y vicepresidente de la Comisión, Jacques Barrot, no tiene problema legal alguno para ocupar ese puesto pese a que fue condenado a ocho meses en 2000 por un caso de financiación irregular de su partido y luego amnistiado. El informe será debatido hoy por el presidente de la Eurocámara con los líderes parlamentarios, que con toda probablidad cerrarán el caso.

Los juristas de la Eurocámara destacan en su documento que la amnistía existe "en el régimen jurídico de nuestros Estados miembros" ...

Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo confirmaron ayer por escrito que el comisario francés y vicepresidente de la Comisión, Jacques Barrot, no tiene problema legal alguno para ocupar ese puesto pese a que fue condenado a ocho meses en 2000 por un caso de financiación irregular de su partido y luego amnistiado. El informe será debatido hoy por el presidente de la Eurocámara con los líderes parlamentarios, que con toda probablidad cerrarán el caso.

Los juristas de la Eurocámara destacan en su documento que la amnistía existe "en el régimen jurídico de nuestros Estados miembros" y, tras mencionar los ejemplos de España, Italia o Finlandia, reconoce "la particularidad" de la legislación francesa porque permite las amnistías generales, una de las cuales fue la que benefició a Barrot, como a todos los condenados por financiación irregular de partidos, con penas inferiores a nueve meses.

El documento asume las tesis legales que tanto Barrot como el ministro francés de Justicia, Dominique Perben, expusieron por escrito el lunes al presidente de la Cámara, Josep Borrell. En sus cartas, Barrot y Perben explicaban que la ley francesa de amnistía implica "la desaparición de toda sanción y el olvido", hasta el punto de que incluso "se prohíbe a toda persona que haya conocido el caso recordar su existencia", razón por la que el comisario no informó de esos hechos ni a la Comisión ni al Parlamento.

Barrot añadía que, a falta de una legislación penal europea, sólo le es aplicable la ley francesa. "Sostener lo contrario pondría en duda el sistema penal francés", decía el comisario, lo que "constituiría un precedente que superaría mi caso personal".

Para el líder de los liberales, el británico Graham Watson, el problema no es legal, sino político, y por eso pidió la dimisión de Barrot. Pero se quedó solo, porque incluso dentro de su grupo (88 de 732 eurodiputados) hubo decenas de diputados franceses e italianos en contra de tal posición. La clave a favor de Barrot, de la familia conservadora (268 eurodiputados), vino, no obstante, del jefe de los socialistas (200 escaños), el alemán Martin Schulz, quien el lunes dijo que, si los servicios jurídicos de la Cámara daban una respuesta "satisfactoria", ellos darían el caso por "cerrado". Por todo ello, con toda probabilidad la Cámara zanjará hoy el litigio en la denominada Conferencia de Presidentes del Parlamento.

"No hay nada que impida a Barrot ejercer sus funciones", declaró ayer Borrell a varias cadenas nórdicas de televisión. "El informe", añadió, "confirma que no hay nada que reprochar legalmente a Barrot". "En ausencia de un derecho penal europeo, son las leyes nacionales las que se aplican y no creo que el señor Farage [Nigel, euroescéptico británico] quiera ese derecho penal europeo", comentó en referencia al parlamentario que denunció el caso en Estrasburgo.

Aunque el asunto se cierre legalmente, seguirá teniendo repercusiones políticas. Barrot tuvo que explicar ayer su versión de los hechos al iniciarse la primera reunión oficial de la nueva Comisión Europea, según informó después su presidente, el portugués José Manuel Durão Barroso. En esta ocasión, también sin consecuencia alguna. "Nos informó con todo lujo de detalles y le expresamos todos nuestra solidaridad", declaró Barroso.

Los problemas, conflictos y crisis surgidos hasta formar la nueva Comisión se plasmaron ayer en esa primera reunión al aprobar un código de conducta interno que recoge las condiciones impuestas por el Parlamento. La principal novedad consiste en que cada comisario se compromete a dimitir si se lo pide Barroso, quien aceptó que se planteará ese paso si se lo reclama la Cámara y, en caso negativo, tendrá que justificarlo ante los eurodiputados. "Se han respetado completamente los compromisos con el Parlamento", aceptó el presidente de la Comisión.

Además, la semana que viene, informó Barroso, quedará cerrado un documento con las reglas de comportamiento ante probables conflictos de intereses, una iniciativa también originada en la Eurocámara para afrontar la designación para la potente cartera de Competencia de la holandesa Neelie Kroes, que estuvo en los consejos de administración o asesorías de medio centenar de grandes empresas.

Barroso dijo ayer que aún no ha recibido la lista de asuntos pendientes en los que Kroes no podrá intervenir, pero la agencia France Presse identificó ayer cinco relacionados con el transporte, el asfalto o las comunicaciones. Si hubiera sido comisaria en la pasada legislatura, habría tenido que ser apartada de 61 expedientes de ayudas estatales, carteles y fusiones.