"Estamos soportando un momento de legislación motorizada"

Vicente Garrido (Valencia, 1956) es presidente del Consell Jurídic Consultiu, el órgano encargado de dictaminar sobre la legalidad de las leyes y reglamentos que propone el Consell. Coincidiendo con el décimo aniversario de la ley de creación del organismo, el Consell Jurídic Consultiu acoge las VI Jornadas de la Función Consultiva que reúne a los organismos homologables existentes en las restantes comunidades autónomas y presenta la Revista Española de la Función Consultiva.

Pregunta. ¿No cree que se modifican demasiadas leyes porque los gobiernos quieren abordar cuestion...

Vicente Garrido (Valencia, 1956) es presidente del Consell Jurídic Consultiu, el órgano encargado de dictaminar sobre la legalidad de las leyes y reglamentos que propone el Consell. Coincidiendo con el décimo aniversario de la ley de creación del organismo, el Consell Jurídic Consultiu acoge las VI Jornadas de la Función Consultiva que reúne a los organismos homologables existentes en las restantes comunidades autónomas y presenta la Revista Española de la Función Consultiva.

Pregunta. ¿No cree que se modifican demasiadas leyes porque los gobiernos quieren abordar cuestiones puntuales o coyunturales?

Respuesta. Las leyes deben nacer con vocación de permanencia. De hecho tenemos leyes que han estado vigentes a lo largo de siglos y no se han modificado apenas, por ejemplo la ley de enjuiciamiento civil, el código de comercio, curiosamente las leyes que vienen del siglo XIX. Es verdad que ahora se aprueban leyes y se parchean constantemente. En algunos casos está justificado porque cada momento plantea nuevas necesidades que el legislador no ha previsto. Estamos soportando un momento de legislación motorizada, se legisla demasiado y rápido. Se tenía que volver a la costumbre antigua de pocas leyes y muy completas.

"Desde la Comunidad Valenciana no se puede convocar, pero sí pedir el referéndum"

P. ¿No detecta usted cierta obsesión por el record, a ver qué gobierno legisla más?

R. Se trata de hacer leyes que sirvan y sean útiles. El dinamismo de un Parlamento no está en función del número de leyes que se aprueban, sino de la calidad de las mismas.

P. Usted planteó recientemente que sería razonable cambiar la Constitución para reconocer el derecho foral civil valenciano. Ahora se aborda la reforma del Estatut. ¿Es necesario abordar esta cuestión?

R. El Estatut dice que la Generalitat tiene competencias en materia de conservación, modificación y desarrollo del derecho civil valenciano. El problema que se plantea es qué es el derecho civil valenciano. En estos momentos el derecho civil valenciano sólo está constituido por la costumbre. Tenemos competencia para hacer ley lo que ahora se rige por la costumbre, por ejemplo el tema de los arrendamientos históricos valencianos, que ha sido la única ley específica en derecho civil aprobada.

P. Entonces

R. Ahora es momento de reparar esa falta de competencia. Se pueden regular muchas relaciones jurídico-privadas, como son las sucesiones, las relaciones patrimoniales o el régimen económico patrimonial entre cónyuges. Pensemos también en la ley de Uniones de Hecho, que no pudo entrar en el tema de las sucesiones. Entonces ahora, aunque lo correcto sería modificar la Constitución, haciendo una filigrana jurídica se podría reforzar esa competencia.

P. En la reforma del Estatut, los socialistas piden que se ratifique por referéndum ¿es posible?

R. La Constitución establece que la convocatoria de referéndum es competencia exclusiva del Estado. Desde la Comunidad Valenciana no se puede convocar, pero sí se puede pedir y que el Gobierno autorice la convocatoria del referéndum.

P. ¿Piensa que es razonable que una Administración financie la defensa jurídica de particulares, aunque sea en una cuestión como los supuestos perjuicios por la paralización del trasvase del Ebro?

R. Creo que las Administraciones públicas pueden coadyuvar en la defensa de intereses por parte de particulares, pero que son intereses públicos. Por ejemplo, la asistencia jurídica gratuita en caso de violencia doméstica porque considera que es un problema de la sociedad y la Administración puede poner sus recursos a disposición de particulares. En general, la defensa de los intereses particulares corresponde a los abogados, pero si las Administraciones públicas consideran conveniente destinar recursos a defender esos intereses, desde el punto de vista legal, no hay ningún impedimento.