Contante y sonante
Algunos ayuntamientos españoles tienen una turbulenta historia de corrupciones, broncas y expedientes. Pero pocos ofrecen un recorrido tan espectacular ni dan mayor sensación de impunidad que el de Marbella. Lo ocurrido en esa ciudad es digno de un país en el que el Estado no hubiera conseguido arraigar o en el que la organización judicial sufriera terribles desvanecimientos. De Marbella se sabe casi todo. El problema es que da igual. Eso es lo que causa tanto desánimo.
Primero fue la increíble etapa de Jesús Gil. Ahora es la de su alcaldesa Marisol Yagüe. El País Andalucía hizo ...
Algunos ayuntamientos españoles tienen una turbulenta historia de corrupciones, broncas y expedientes. Pero pocos ofrecen un recorrido tan espectacular ni dan mayor sensación de impunidad que el de Marbella. Lo ocurrido en esa ciudad es digno de un país en el que el Estado no hubiera conseguido arraigar o en el que la organización judicial sufriera terribles desvanecimientos. De Marbella se sabe casi todo. El problema es que da igual. Eso es lo que causa tanto desánimo.
Primero fue la increíble etapa de Jesús Gil. Ahora es la de su alcaldesa Marisol Yagüe. El País Andalucía hizo hace poco una breve recapitulación que merece reproducirse, por lo menos hasta que la Federación de Municipios y Provincias, que tan formidablemente conmemora estos días su 25º aniversario, se dé por enterada de lo que pasa, ha pasado y sigue pasando con algunos de sus miembros:
1) En Marbella hay 27 concejales y nueve grupos municipales. Se llaman: Grupo mixto A (al que pertenece la alcaldesa); Grupo Mixto B, Grupo mixto C y Grupo mixto D; PSOE; PP, PA, GIL y Grupo Municipal Socialista. Por supuesto, abundan los tránsfugas.
2) Ocho de los 27 miembros del equipo de gobierno, incluida la señora Yagüe, tienen abiertos procedimientos judiciales por malversación, prevaricación o delitos contra la ordenación del territorio, así como por defraudación a la Seguridad Social y a la Hacienda pública.
3) Según la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, se han enviado más de doscientos requerimientos sobre infracciones urbanísticas que deben ser sancionadas.
4) La Junta pide explicaciones también sobre las casi 50 licencias que diversos promotores han obtenido por el sistema de silencio administrativo.
5) En menos de dos años, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado 60 órdenes de suspensión cautelar de obras que, en teoría, debe paralizar el Ayuntamiento.
Marbella, como todo el mundo sabe, está en la Costa del Sol, una zona metropolitana de más de 3,5 millones de habitantes (fijos o estacionales). Entre 1994 y 1999, el número de viviendas de renta libre de nueva construcción se incrementó en el 1.600%. En la Costa del Sol se construye un 60% más que en Madrid. El resultado, dicen los expertos, será una gigantesca urbe que se extenderá a lo largo de 160 kilómetros.
El Instituto Andaluz Universitario de Criminología, que impulsa el catedrático Díez Ripollés, publicó hace un año un gran estudio titulado Urbanismo, corrupción y delincuencia organizada: un proyecto en la Costa del Sol, que la Federación de Municipios debería enviar a todos sus socios y en el que se formula una hipótesis sobre las fases de la corrupción inmobiliaria. Los autores, Alejandra Gómez-Céspedes, Ana Mª Prieto y Per Stangeland, explicaban así su teoría:
1) Ciertos promotores o constructores reciben trato de favor por parte del consistorio en recalificación o venta de aprovechamientos urbanísticos a precio inferior al mercado.
2) A partir de ahí, la zona resulta atractiva para el blanqueo de capitales. Inversores con dinero procedente del narcotráfico u otros delitos, adquieren propiedades inmobiliarias dando lugar a un aumento de precios y beneficios en el sector;
3) Una vez afincados en la zona, esos inversores efectúan compras a gran escala de terrenos rústicos, hoteles y otras instalaciones;
4) Los mismos sujetos, a fin de rentabilizar sus inversiones, logran convenios y recalificaciones, haciéndose con el control de compañías inmobiliarias, promotoras y constructoras
y 5) El último paso es hacerse con el control político del municipio en cuestión, "de manera que existirían partidos y candidatos a la alcaldía dirigidos por grupos de delincuencia organizada".
Aunque algunos puedan creer que éste es un asunto de la policía, no es así. Es un problema de política. De partidos políticos cuya obligación sería evitar que estas hipótesis académicas sean una realidad cotidiana. De política contante y sonante. solg@elpais.es.