La Directiva de Defensa Nacional incluye por primera vez el riesgo del terrorismo
El documento consagra la consulta al Parlamento antes de enviar tropas españolas al exterior
La inclusión del terrorismo internacional como el mayor riesgo para la seguridad de los españoles y la consulta al Parlamento antes de enviar tropas españolas al exterior son las principales novedades de la nueva Directiva de Defensa Nacional 1/2004, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobará mañana en una reunión de la cúpula militar a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias. La nueva directiva es el texto básico de la política de defensa, del que arranca todo el ciclo de planeamiento militar, y sustituye a la suscrita en diciembre de 2000 por José María...
La inclusión del terrorismo internacional como el mayor riesgo para la seguridad de los españoles y la consulta al Parlamento antes de enviar tropas españolas al exterior son las principales novedades de la nueva Directiva de Defensa Nacional 1/2004, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobará mañana en una reunión de la cúpula militar a bordo del portaaviones Príncipe de Asturias. La nueva directiva es el texto básico de la política de defensa, del que arranca todo el ciclo de planeamiento militar, y sustituye a la suscrita en diciembre de 2000 por José María Aznar.
La nueva política de defensa apuesta por el multilateralismo a través de la ONU y la UE
La nueva Directiva de Defensa Nacional no sólo es la primera que aprueba el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que refleja las directrices políticas del nuevo Gobierno socialista, sino también la primera que se elabora tras el 11-S y el 11-M, los grandes atentados de carácter islamista que han revolucionado la concepción estratégica surgida del final de la Guerra Fría.
En consonancia con esta realidad, el nuevo documento incluye el terrorismo internacional como la mayor amenaza para la seguridad de los españoles, frente al último texto de Aznar, que aludía a la "ausencia de una amenaza clara y definida a nuestro territorio", sólo matizada por la referencia genérica a la "aparición de riesgos asimétricos".
El reconocimiento de la nueva situación pasa por atribuir a los ejércitos un papel en la lucha antiterrorista aunque, según las fuentes consultadas, el empleo de la fuerza militar sería siempre un "último recurso", tras el agotamiento de los medios diplomáticos, policiales, judiciales o de inteligencia. Así se recoge en la Estrategia Europea de Seguridad diseñada por el responsable de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Javier Solana, en la que se inspira la directiva.
Hasta ahora, las Fuerzas Armadas han intervenido en la lucha contra el terrorismo en dos planos: en el exterior, colaborando a la estabilización de Afganistán y al control del tráfico marítimo en el Cuerno de África; y en el interior, participando en la vigilancia de las líneas del AVE y en la protección de eventos como las cumbres de la UE o los Juegos Olímpicos de Barcelona.
En todo caso, aseguran las fuentes consultadas, frente a la doctrina del ataque preventivo y del unilateralismo de la Administración Bush, la doctrina estratégica española apuesta por la seguridad compartida y por la resolución de los conflictos en marcos multilaterales. Ello supone una apuesta por el fortalecimiento de la ONU y de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea, sin descuidar el vínculo trasatlántico a través de la OTAN y la relación bilateral con EE UU.
En esa línea, el nuevo documento consagra el compromiso de Zapatero de no enviar tropas españolas al exterior sin la aprobación previa del Parlamento.
Esta promesa ya se puso en práctica el pasado verano con la votación en el Congreso del envío de un batallón de paracaidistas a Afganistán y una compañía de Infantería de Marina a Haití, pero su conversión en precepto legal pasa por la reforma de la Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional de 1980, con retoques en 1984, y será la principal tarea legislativa del ministro José Bono en esta legislatura.
En otros aspectos, la política de defensa definida en la nueva directiva es continuista con la anterior. Se mantiene la necesidad de fomentar la conciencia de defensa en la sociedad española y de potenciar la acción conjunta de los ejércitos, para lo que se creará en breve el Mando Operativo Conjunto en el Estado Mayor de la Defensa y se unificarán los servicios de inteligencia de los ejércitos, poniéndolos bajo dependencia funcional del Centro Nacional de Inteligencia.
El Gobierno socialista ha mantenido los grandes programas de armamento en curso -como los submarinos, los helicópteros de ataque Tigre o el avión de transporte A400M- pero la nueva visión estratégica pretende superar la mera "modernización" de las Fuerzas Armadas y poner las bases de su "transformación", lo que supone un salto cualitativo que costará años.
Se trata, según las fuentes consultadas, no sólo de una transformación tecnológica, sino de una nueva concepción basada en la movilidad, capacidad de proyección y flexibilidad, que permita una funcionamiento "modular" y una actuación "combinada", con fuerzas extranjeras, y "conjunta" de varios ejércitos.
La ampliación del Mando de Doctrina del Ejército de Tierra a la Armada y el Ejército del Aire es una de las medidas en estudio para avanzar en ese camino.
Pero el principal problema con que tropieza el Ministerio de Defensa es la consolidación del modelo profesional, que está lejos de haberse conseguido, a pesar de que era uno de los objetivos de la anterior directiva.
Con unos 70.000 efectivos de tropa profesional -frente a los 102.000 a 120.000 que marca la ley vigente-, Defensa prepara un paquete de medidas que pasan por una mayor presencia de extranjeros, el aumento de la tropa permanente, la mejora de la formación de los soldados temporales -para facilitar su reinserción laboral- o la potenciación de los suboficiales. Algunas de estas medidas requerirán la reforma de la ley del Personal de las Fuerzas Armadas de 1999.
Cuando se firme la nueva directiva, en un acto solemne en el Palacio de La Moncloa, se pondrá en marcha el nuevo ciclo de planeamiento, que incluye la Revisión Estratégica de la Defensa, la Estrategia Militar y el Plan Estratégico Conjunto.
La doctrina de la "anticipación"
La Estategia Militar Española, firmada el 25 de julio de 2003 por el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá, incluye la "anticipación" como uno de sus principios rectores.
"La concepción estratégica militar", afirma, "está caracterizada por la determinación de anticipación al conflicto que expresa la voluntad de tratar de evitar la materialización de los riesgos en agresiones contra la seguridad nacional e internacional. Con ello", agrega, "se consigue limitar al máximo sus efectos tanto sobre los lugares de origen como en su posible expansión a otras zonas, así como en los medios a emplear. La anticipación", concluye, "es fundamental para mantener la iniciativa y esencial para conservar la libertad de acción, aspectos ambos de gran importancia para paliar en el mayor grado posible los ambientes de incertidumbre inicial en que deben actuar las Fuerzas Armadas".
El párrafo es lo bastante genérico como para no concretar qué acciones "anticipatorias" podrían realizar las Fuerzas Armadas españolas y qué condiciones deberían darse para que éstas fueran aceptables. En la Revisión Estratégica de la Defensa, que el Gobierno del PP pactó con el PSOE en diciembre de 2002, se eludió el término "acciones anticipatorias" por su paralelismo con los ataques preventivos de la doctrina Bush.
En cambio, se aceptó la "prevención"; es decir, "la acción encaminada a evitar que las tensiones, inestabilidades y crisis den lugar a conflictos y, en caso de que se produzcan, tratar de contenerlos en sus primeras fases [...] Se debe actuar en el momento oportuno y de manera ad hoc ante situaciones específicas, mediante una adecuada combinación de instrumentos políticos, diplomáticos, económicos y militares", decía la Revisión Estratégica, copiando casi textualmente el informe Solana de la UE.