¿Ministerio de Vivienda?
La nueva cartera del Gobierno carece de competencias claras y sólo puede actuar de acuerdo con las comunidades autónomas
El Ministerio de Vivienda se creó el pasado abril, según argumentan sus responsables, en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, en el que se dice que el Gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Nació en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, con María Antonia Trujillo a su frente, como consecuencia del compromiso electoral del PSOE de elevar al máximo rango lo que consideraba "el primer problema de las familias españolas". Por su parte, las comunidades autónomas tienen en su mano la competencia exclusiva, también...
El Ministerio de Vivienda se creó el pasado abril, según argumentan sus responsables, en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, en el que se dice que el Gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Nació en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, con María Antonia Trujillo a su frente, como consecuencia del compromiso electoral del PSOE de elevar al máximo rango lo que consideraba "el primer problema de las familias españolas". Por su parte, las comunidades autónomas tienen en su mano la competencia exclusiva, también otorgada por la Constitución, de elaborar cada una su plan de vivienda.
Con este tablero de juego, "el éxito del Ministerio de Vivienda va a depender de la buena voluntad de las comunidades autónomas", afirma rotundo el consejero de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil. "El ministerio está muy condicionado por las comunidades. Si intenta imponer un plan y éstas lo boicotean, está condenado al fracaso".
El PP denuncia que el nuevo departamento carece de capacidad de influir en los precios
"Este problema es tan general que el color político no tiene demasiada importancia"
La principal consecuencia de esta situación puede ser, como ha denunciado el PP, que se haya creado un ministerio de la nada, sin competencias y sin capacidad real de influir en la evolución de los precios para hacer la vivienda accesible a la mayor cantidad de gente posible, su objetivo último. "Demagogia y falta de rigor", le achacó el PP en el Senado. "Inoperante", le llamó el Gobierno de Valencia. "¿Qué hace el Ministerio de Vivienda que no hiciera la Dirección General de Vivienda? Transferir más fondos", razona Pablo Matos, portavoz de Vivienda del PP en el Congreso
. "Para aumentar las cantidades no hacía falta un ministerio".
Otra forma de verlo puede ser que el "talante" y el "consenso" que pregona el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero vayan a encontrar en la política de vivienda su máximo escaparate, y su examen más duro. Desde el ministerio se esfuerzan por verlo en positivo. "Las competencias son concurrentes", dicen fuentes sus responsables. "Hay distintas instituciones que participan, los ayuntamientos, las comunidades y el ministerio. Es una relación a tres, y da más ventajas sumar que acaparar".
Por el momento, la producción del ministerio se concreta en el llamado Plan de Choque de la Vivienda, una inyección de 1.030,6 millones de euros sobre el Plan de Vivienda 2002-2005 heredado del PP, de forma que se pueden hacer 71.000 actuaciones de vivienda más de las previstas, hasta un total de 180.000.
Estas medidas, entre otras, fueron presentadas a las comunidades autónomas en la primera prueba de esa deseada suma de esfuerzos: una conferencia sectorial (reunión de responsables de esta cartera) en la que, según varios testimonios, se dejó ver el consenso, con aportaciones de los presentes. Sin embargo, a la hora de aplicar el plan cada comunidad autónoma tiene sus propios problemas y prioridades.
Desde Castilla-La Mancha, Alejandro Gil opina que "las comunidades autónomas deben tener participación activa, sin imposiciones". "Eso se lo dijimos a la ministra", asegura, "que nos dé participación activa en la elaboración de esos planes". "El ministerio regula, pero las comunidades gestionan". Gil opina que "las políticas son muy distintas, los problemas de Madrid no son los mismos que los de La Mancha", sin embargo, cree que "es bueno que se intente homogeneizar" y "se garanticen unos mínimos". "Si el Gobierno de Murcia, por ejemplo, se carga la costa construyendo", argumenta Gil, "no se está cargando la costa de Murcia, se está cargando la costa de todos".
En Cataluña, gobernada por un tripartito compuesto por PSC, ICV-IU y ERC, el jefe de política territorial, Oriol Nel.lo, advierte: "Nosotros tenemos competencias exclusivas". Además, consideran que "sería interesante poner en manos de las autonomías el montante total de las ayudas y que ellas lo repartan, porque conocen su propia realidad, en vez de que los planes salgan desde Madrid". Una de sus principales propuestas es cambiar la forma de valorar los terrenos. "Ahora mismo, en el caso de llegar a una expropiación se pagan unos precios por el terreno que no permiten hacer viviendas de protección oficial".
El secretario de Vivienda de la Generalitat, Ricard Fernández, añade que están "satisfechos de que el Gobierno español priorice el tema, con un ministerio y más presupuesto". "Otra cosa es que nosotros desde Cataluña decimos que hay que ser consecuentes con el marco constitucional, que dice que la competencia es de las comunidades autónomas", añade. "Por eso es una anomalía que los planes de vivienda sean estatales. Deben ser autonómicos y la financiación, traspasada". En resumen, están satisfechos con la creación de un ministerio: "Valoramos bien la prioridad, y que se le dé contenido. Pero reclamamos la competencia".
En la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ven "innecesario" el ministerio. "La gestión de estos seis meses lo demuestra", según el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía. "Las ayudas al inquilino durante dos años son bienvenidas, pero en dos años no se soluciona el problema de acceso a la vivienda para un joven". A la hora de trasponer el plan a su legislación autonómica, por ejemplo, cambiarán la palabra "preferentemente" para jóvenes, como dice el ministerio, por "exclusivamente" para jóvenes. Zabía opina que "este problema es tan general que el color político de cada comunidad no tiene demasiada importancia". Y pide al ministerio "que escuche más, que apoye iniciativas de otros".
Son ejemplos de la avalancha de ideas y críticas que tiene que escuchar cualquiera al que se le ocurra abrir un diálogo sobre vivienda en España. Sin embargo, todos los consultados muestran una disposición al diálogo difícil de encontrar en la política del día a día. Otra comunidad autónoma presidida por el PP, Islas Baleares, presume de haber sido la primera en trasponer el Plan de Choque a su normativa de vivienda. Andalucía también se atribuye haber sido la primera en hacerlo.
Ricard Fernández recuerda que "con el PP en los últimos años no había conferencias sectoriales". Además, "la relación [con Fomento] era de segundo nivel". "Ahora creemos que estamos interviniendo en las políticas. Nos piden nuestra documentación y vemos que la utilizan".
La creación del Ministerio de Vivienda se realizó a partir de la antigua Dirección General de Vivienda, en el Ministerio de Fomento. Una vez creado el puesto de la ministra, por debajo de ella todo el organigrama debió ser creado de la nada. Este trabajo tiene sentido porque "se necesita un liderazgo", explican fuentes políticas del Ministerio de Vivienda. "Es un generador de políticas para motivar a las comunidades autónomas", añaden. Opinan que no tienen menos competencias que otros ministerios, como Sanidad o Educación, desposeídos a lo largo de los años.
Hace seis meses, el director general de Urbanismo y Política de Suelo, Marcos Vaquer, recibía a este periódico en su nuevo despacho del ministerio completamente vacío. "El suelo es un recurso natural escaso, aunque no se le reconozca a menudo", explicaba Vaquer, preguntado por sus competencias. "[Establecer] las bases de la protección de ese recurso también es algo estatal". "Espero no pelearme con nadie", añadía. "Podemos colaborar en este sector como en otros. En la legislatura anterior, en materia de Sanidad se aprobó una ley por consenso. ¿Por qué no se pueden consensuar políticas públicas?".