La Audiencia ordenó detener al jefe del 11-M ocho meses antes de la matanza

Agentes de la Comisaría General de Información detuvieron ayer, bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a siete presuntos activistas islámicos "radicales y violentos", según informó anoche el Ministerio del Interior. Las detenciones se produjeron en Almería, Gandía y Madrid. Según Interior, la policía practicará más detenciones y registros domicilarios en relación con este grupo.

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional dictó el 18 de julio de 2003, ocho meses antes de los atentados en los trenes de Madrid que costaron la vida a 191 personas, una orden de...

Agentes de la Comisaría General de Información detuvieron ayer, bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a siete presuntos activistas islámicos "radicales y violentos", según informó anoche el Ministerio del Interior. Las detenciones se produjeron en Almería, Gandía y Madrid. Según Interior, la policía practicará más detenciones y registros domicilarios en relación con este grupo.

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional dictó el 18 de julio de 2003, ocho meses antes de los atentados en los trenes de Madrid que costaron la vida a 191 personas, una orden de busca y captura contra el argelino Allekema Lamari, uno de los supuestos jefes del comando que llevó a cabo los atentados del 11 de marzo en la capital.

La orden de busca y captura no tuvo efectos porque Allekema Lamari no fue localizado por la policía y acabó suicidándose el 3 de abril pasado en compañía de otros seis terroristas en un piso de Leganés. En noviembre pasado, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) también había alertado al Ministerio del Interior sobre la posibilidad de que Lamari, ex dirigente del Grupo Islámico Armado (GIA), estuviera preparando un atentado en España y la necesidad de su detención inmediata.

Lamari fue detenido en abril de 1997 y condenado por la sección tercera de la Audiencia Nacional en mayo de 2001 a 14 años de cárcel por pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y tenencia de materiales e instrumentos destinados a la falsificación de documentos oficiales. Lamari recurrió ante el Supremo, que redujo la pena de cárcel de 14 a nueve años. Sólo 20 días después de esa sentencia, la Audiencia Nacional ordenó al director del centro penitenciario de A Lama (Pontevedra) la "inmediata libertad" del argelino Lamari. Un año después de esa libertad, la Audiencia Nacional dictó, sin éxito, la orden de busca y captura.