El municipio de Sanlúcar firma un acuerdo con una inmobiliaria rusa

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), gobernado por el PP, y la sociedad inmobiliaria Teras Consulting, SL, con sede social en Madrid e integrada por inversores rusos, han firmado un acuerdo sobre dos parcelas públicas de 13.400 y 3.990 metros cuadrados para construir un complejo hotelero. Según denunció el secretario local del PA, Antonio Prats, el acuerdo fue suscrito "a espaldas de la Corporación".

El alcalde accidental de Sanlúcar, Rafael Rubio Cáliz (PP), aseguró ayer que el procedimiento ha sido validado por el secretario del Ayuntamiento y recordó que la enajenación d...

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El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), gobernado por el PP, y la sociedad inmobiliaria Teras Consulting, SL, con sede social en Madrid e integrada por inversores rusos, han firmado un acuerdo sobre dos parcelas públicas de 13.400 y 3.990 metros cuadrados para construir un complejo hotelero. Según denunció el secretario local del PA, Antonio Prats, el acuerdo fue suscrito "a espaldas de la Corporación".

El alcalde accidental de Sanlúcar, Rafael Rubio Cáliz (PP), aseguró ayer que el procedimiento ha sido validado por el secretario del Ayuntamiento y recordó que la enajenación de esas parcelas formaba parte del programa electoral de su partido. Rubio aseguró que, a pesar del acuerdo firmado con Teras Consulting, el Ayuntamiento tiene intención de abrir un concurso público, "al que se podrán presentar cuantas empresas deseen".

La empresa ha entregado ya, a petición del gobierno local, una fianza de 150.000 euros. El alcalde en funciones de Sanlúcar aseguró que el aval fue requerido para asegurar que la empresa acudiría al concurso público previsto por el Ayuntamiento y "evitar que la oferta quedase desierta".

El PA amenazó ayer con llevar el procedimiento administrativo a los tribunales. Según el PA, se trata de una operación "ilegal", ya que una parte de la parcela está protegida por la Ley de Costas y "el Ayuntamiento no tiene autoridad legal para recalificar los suelos". Prats también dudó de la solvencia económica de la empresa.

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