ERC recurre a los tribunales para anular la reforma de Terres Cavades en Tarragona
El grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Tarragona presentó ayer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una nueva vuelta de tuerca que añade presión al Ayuntamiento de Tarragona por el caso Terres Cavades.
ERC, que ya denunció esta reforma urbanística -la mayor de la historia de la ciudad- al Departamento de Gobernación y a Política Territorial, lleva ahora a la justicia ordinaria la polémica participación del hermano del concejal de Urbanismo de la ciudad en la empresa que construirá las 4.900 vi...
El grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Tarragona presentó ayer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una nueva vuelta de tuerca que añade presión al Ayuntamiento de Tarragona por el caso Terres Cavades.
ERC, que ya denunció esta reforma urbanística -la mayor de la historia de la ciudad- al Departamento de Gobernación y a Política Territorial, lleva ahora a la justicia ordinaria la polémica participación del hermano del concejal de Urbanismo de la ciudad en la empresa que construirá las 4.900 viviendas. El portavoz de los republicanos, Xavier Almagro, explicó que ERC retirará el contencioso si el alcalde, Joan Miquel Nadal (CiU), invalida el proceso con el que se aprobó el proyecto y repite las votaciones.
La oposición municipal defiende que el concejal de Urbanismo, Àngel Fernández, debería haberse abstenido en las varias votaciones del proyecto -tres desde el año 2002- porque su hermano, Juan Fernández, posee el 9,8% de las acciones de Promocions Terres Cavades, SA, la empresa que construirá y venderá las viviendas. De hecho, el Reglamento Orgánico Municipal establece que los concejales deberán abstenerse de las votaciones cuando se debata un asunto que afecte a familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad, aunque un reciente informe jurídico elaborado por funcionarios municipales exime de responsabilidad al concejal.
Este informe, duramente criticado por el PSC, que lo considera "escrito al dictado" del alcalde, argumenta que se trata de un asunto de "interés general", por lo que Fernández no tenía por qué abstenerse de unas votaciones en las que su sí fue determinante para que el proyecto prosperara. De momento, el Departamento de Gobernación aún no se ha pronunciado y ha abierto una polémica con el Ayuntamiento, al que exige documentación para conocer de primera mano el papel del concejal en las votaciones y el resultado de las mismas.