El PSOE plantea al PP suprimir las ayudas de las empresas y los donativos anónimos

El PSOE ya tiene una propuesta por escrito para plantearle al PP en septiembre la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos. El dinero vendría en su mayor parte de las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, aunque los partidos podrían recibir aportaciones de personas físicas si no superan los 60.000 euros al año. Las empresas no podrían entregar dinero a los partidos, y todas las donaciones tendrían nombres y apellidos, es decir, desaparecerían las aportaciones anónimas. Éstos son los principios generales que inspiran el borrador de la ley que el Grupo Sociali...

El PSOE ya tiene una propuesta por escrito para plantearle al PP en septiembre la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos. El dinero vendría en su mayor parte de las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, aunque los partidos podrían recibir aportaciones de personas físicas si no superan los 60.000 euros al año. Las empresas no podrían entregar dinero a los partidos, y todas las donaciones tendrían nombres y apellidos, es decir, desaparecerían las aportaciones anónimas. Éstos son los principios generales que inspiran el borrador de la ley que el Grupo Socialista tiene en cartera. La transparencia en las cuentas y el consenso son las bases con las que el Gobierno quiere afrontar esta reforma. El Tribunal de Cuentas viene denunciando año tras año el descontrol a que se presta la actual legislación, que rige desde 1987.

Sobre la mesa de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por un lado, y del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, reposa un borrador de ley, con veinte artículos, sobre la financiación de los partidos políticos. El autor es el diputado extremeño y portavoz adjunto del Grupo Socialista, Francisco Fernández Marugán, que tiene en su currículum muchos meses de trabajo intentado negociar un cambio de esta ley. La última vez fue en 1999. Desde entonces, silencio. El PSOE se presentó a las elecciones de marzo con el compromiso de hacer una ley "más transparente" y encargó a Marugán que empezara su redacción. La terminó a primeros de este mes. El PSOE está dispuesto a negociarla con el PP tras las vacaciones.

La ley tiene tres bloques: Régimen de subvenciones ( Presupuestos Generales del Estado ), Régimen de Donaciones (sólo personas físicas, no empresas); y control por el Tribunal de Cuentas. Este texto, de salir adelante, remitiría a la Ley Electoral General para detallar las subvenciones para las campañas electorales, ya que en la primera sólo se trata de la financiación ordinaria. También se remitiría a la ley reguladora de los referendos para referirse a la financiación pública que el Gobierno quiere introducir en este tipo de consultas, y a la que el PP, de entrada, se opone.

Los problemas que pueden darse para el acuerdo entre partidos derivarán de dos aspectos. Por un lado, el PSOE pretende limitar mucho la financiación privada pero, además, la que exista debe ser conocida y, por tanto, se eliminarían las donaciones anónimas que ahora sí permite la ley. Ese anonimato permite, según Fernández Marugán, que una misma persona pueda dar una y otra vez la cantidad máxima que marca la ley, que está en 60.000 euros por persona y año.

La causa formal de ruptura de la negociación en 1999 fue la negativa de los partidos -más el PNV, en menor medida CiU, y algo el PP- de eliminar ese anonimato. Entre 1992 y 2001 el PP recibió 20,4 millones de euros en donativos, en su mayoría anónimos, diez veces más que el PSOE, que recibió dos millones, según datos del Tribunal de Cuentas. CiU y el PNV recibieron 20,8 y 15,6 millones de euros, respectivamente.

Izquierda Unida defiende la financiación pública en exclusiva ya que su experiencia indica que las donaciones que recibe son prácticamente inexistentes. Ahora el PSOE estaría dispuesto a aceptar donaciones de personas físicas con una cantidad a negociar, que podría ser los 60.000 euros anuales pero con nombres y apellidos del donante.

En el PSOE se asegura que lo normal es que sus donantes no superen los 3.000 euros, pero está dispuesto a que la cifra sea muy superior por si en otras fuerzas políticas sus potenciales donantes tienen una capacidad adquisitiva alta. Por tanto, las donaciones serían nominativas y deberían registrarse en una cuenta corriente específica, con recibo incluido, como si se tratara de una ONG. Siempre serán personas físicas y nunca jurídicas o empresas. Este principio lo van a defender el PSOE y el resto de los partidos de la izquierda y puede ser otro motivo de conflicto.

Si los partidos políticos se pusieran de acuerdo en cambiar la ley y hacerla más transparente, no harían nada extraordinario a los ojos del Tribunal de Cuentas, que año tras año pide el cambio de la ley para evitar donaciones opacas que están prohibidas, por ejemplo, en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Los técnicos del Tribunal de Cuentas precisan que las donaciones electorales, es decir, distintas a las que se dan en periodos ordinarios, son insignificantes, ya que éstas sí requieren la identificación del donante.

Hasta ahora los partidos se han tirado los trastos a la cabeza cuando se ha propuesto acabar con las donaciones anónimas. El método de debate que propondrá el PSOE a la vuelta de las vacaciones será pedir a cada grupo parlamentario que presente su texto a través de una proposición de ley y que todas se discutan en el Pleno del Congreso, al menos para tomarlas en consideración. Los socialistas tienen interés en que cada grupo, desde la tribuna de la Cámara, diga a las claras cuál es su modelo; sobre todo si quiere o no financiación privada, de empresas o de personas físicas y el carácter secreto o no de las donaciones. A partir de ahí, con todas las proposiciones aceptadas, se trabajaría en comisión y empezaría el trabajo de aunar posiciones ya en la Comisión Constitucional, que es donde corresponde estudiar esa ley.

En 1999 el debate lo llevaron el propio Fernández Marugán, en nombre del PSOE; Jaime Ignacio del Burgo, por el PP, Josep López de Lerma, por CiU; Joxe Joan González de Txabarri, por el PNV, y Mariano Santiso, por IU. Cuando se propuso la desaparición de las donaciones anónimas se acabó la negociación. Desde entonces han pasado cinco años.