El control de los parques nacionales

Los parques nacionales han aparecido entre los 300 asuntos puestos en la mesa por el Ministerio de Administraciones Públicas sobre los que hay algún tipo de conflicto con las autonomías, es decir, han entrado en la categoría de transferibles. Para Joaquín Fernández, periodista y experto en historia de los parques, "teniendo en cuenta la deriva autonómica, mi intuición es que dentro de todo el conglomerado del Estado nadie se la va a jugar por los parques nacionales, así que el Estado quedará financiando una red que gestionarán exclusivamente las autonomías".

"Tiene sentido que haya una ...

Los parques nacionales han aparecido entre los 300 asuntos puestos en la mesa por el Ministerio de Administraciones Públicas sobre los que hay algún tipo de conflicto con las autonomías, es decir, han entrado en la categoría de transferibles. Para Joaquín Fernández, periodista y experto en historia de los parques, "teniendo en cuenta la deriva autonómica, mi intuición es que dentro de todo el conglomerado del Estado nadie se la va a jugar por los parques nacionales, así que el Estado quedará financiando una red que gestionarán exclusivamente las autonomías".

"Tiene sentido que haya una red nacional de parques", dice Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, "gestionada con criterios comunes y que esté compuesta por espacios con valores ecológicos nacionales. Y voy a dar la batalla para mantenerla. De hecho, tenemos expertos trabajando para mejorar la gestión actual, que, como todo, siempre es mejorable".

Canarias, que cuenta con cuatro de los 12 parques nacionales, no renuncia a la gestión exclusiva, según Milagros Luis Brito, viceconsejera de Medio Ambiente

La gestión actual es, precisamente, a lo que se aferran las autonomías que pretenden la gestión exclusiva de estos espacios. "Hay gestión preeminente del Estado", dice Fuensanta Coves, consejera de Medio Ambiente de Andalucía. "No se cumple la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la gestión ha de ser compartida". La sentencia, de 1995, consagra la competencia exclusiva legislativa de las Cortes Generales respecto de los parques nacionales de la red estatal, y reserva al Estado la tutela, gestión y representación de la red. Sin embargo, retira a la Administración General del Estado la exclusividad de la gestión, que debía de ser, a partir de entonces, compartida con las comunidades autónomas. Y, según todos los observadores, la cogestión no se ha producido.

De hecho, el parque nacional emblemático no sólo de España, sino de Europa, Doñana, tiene desde hace 10 años un director accidental porque no ha habido acuerdo entre el ministerio y la Junta. "Pedimos cogestión real, que hasta ahora no ha habido", dice Rosario Arévalo, consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. "Tras una primera fase de cogestión, no cerramos puertas a nada. En Aigüestortes hay una gestión distinta y no se nota nada".

Juan López de Uralde, director de Greenpeace, considera, sin embargo, que "el precedente de Aigüestortes es para llevarse las manos a la cabeza. Lo primero que se ha hecho ha sido recalificar 2.000 hectáreas junto al parque". Salvador Milà, consejero catalán de Medio Ambiente, asegura que "hablar de una reducción de 2.000 hectáreas es falso, no sólo porque nunca se ha reducido, sino porque actualmente se están tramitando diferentes propuestas de ampliación".

Para Luis Atienza, ministro de Agricultura cuando salió la sentencia del Constitucional, y, por tanto, responsable de los parques nacionales en aquella época, "si un país tan federal como Estados Unidos tienen una red nacional, gestionada federalmente, no tiene sentido que en España no pueda haber una red nacional. Es necesario que haya una unidad básica de gestión, una armonía de criterios. Doñana no es sólo un parque andaluz ni Cabañeros sólo manchego, son nacionales. Todos los ciudadanos españoles tienen que contribuir a su financiamiento y tienen que participar en su gestión".

Proximidad

La gestión autonómica lleva a Eduardo Martínez de Pisón, que dirige el equipo que está elaborando el plan de la zona madrileña para hacer parque nacional la Sierra de Guadarrama, a insistir en la necesidad de la red nacional. "No tendría las ideas tan claras de no haber visto lo que se ha hecho en los Pirineos; por ejemplo, destrozando el valle del Espelunciecha, que está siendo despellejado entre el Gobierno de Aragón, la Consejería de Medio Ambiente e Ibercaja; si ese es el criterio, me da mucho miedo". Para el consejero catalán, sin embargo, "la gestión de un espacio natural desde una Administración más próxima al territorio permite tener más información y conocerlo mejor en su realidad".

"No tenemos criterios tan distintos como para que la gestión no fuera homogénea", dice la consejera castellanomanchega. Para Coves, consejera andaluza, "tiene que haber tutela superior del ministerio, porque la red tiene sentido, representa los distintos ecosistemas y tiene que haber coordinación en legislación básica, pero de la escasa participación actual a la gestión exclusiva hay un abanico grande". Para Coves, no se comprende que el parque nacional y el preparque, la zona que rodea el perímetro y que es de cada comunidad, "tengan gestiones diferentes, porque la naturaleza no tienen fronteras".

Luis Pérez y Pérez, investigador en economía ambiental del Gobierno de Aragón, asegura que "la red nacional tiene todo el sentido, porque se trata de conservar cosas que están en peligro y que pueden desaparecer, y para eso hace falta una visión global, no desde el prisma local. Hay que evitar los intereses políticos y electorales del corto plazo".

El problema, para Coves, "es que el sistema actual no funciona. Pretendemos incrementar la participación en la gestión, y queremos hacer una reflexión serena sobre este tema". Que el sistema no está funcionando está claro. Las autonomías acusan al Organismo Autónomo Parques Nacionales de funcionar sin consultar, pero otras voces insisten en que hay interés en tensar las relaciones. "Hay reuniones a las que no se acude sin ninguna razón", dice una fuente próxima.

"Lo importante son los criterios políticos de la gestión, no quién la lleve a cabo", dice Javier Benayas, profesor de Educación Ambiental en la Universidad Autónoma de Madrid. "Y desde Parques Nacionales se ha hecho una gestión de espaldas a las poblaciones". Benayas está dirigiendo un estudio destinado a determinar qué usos se pueden dar en los parques sin riesgos, pero explotando al máximo las posibilidades de cada entorno. "A nadie se le ocurre cerrar El Prado porque haya cuadros muy valiosos; con medidas adecuadas de seguridad, se pueden ver, y lo mismo pasa en los parques. Y, en cuanto a la titularidad, probablemente sea mejor nacional, pero teniendo en cuenta a las autoridades autonómicas y locales".

Canarias, que cuenta con cuatro de los 12 parques nacionales, no renuncia tampoco a la gestión exclusiva, según Milagros Luis Brito, viceconsejera de Medio Ambiente: "El mínimo irrenunciable es la cogestión, pero el óptimo es que la gestión directa recayera en las comunidades autónomas". Y, además, "con la transferencia también de los fondos, que deberían distribuirse por espacio y por número de visitantes, porque dos de los parques canarios están entre los tres más visitados de España".

Cogestión o autonomía, parece que las espadas están afilándose en las armerías. "En este asunto hay demasiada interferencia de carácter político", dice Atienza, "lo deseable es perfeccionar la gestión compartida". "Hay que limitar", dice Martínez de Pisón, "la capacidad de decisión de los alcaldes, porque los parques españoles no son el Kilimanjaro, pero tampoco Xanadú. No son parques temáticos". Para Coves, "nosotros vamos a defender el territorio lo mismo que el ministerio o más, y el sistema actual no funciona".

La última palabra la tendrá el Parlamento, "donde voy a defender la importancia de la red nacional con gestión estatal", dice Cristina Narbona. "Pero si se decide otra cosa, el Gobierno es el primero que debe respetar las leyes".