Monteseirín entrega al defensor del pueblo andaluz la documentación de los desalojos
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), entregó ayer al defensor del pueblo, José Chamizo, toda la documentación sobre los desalojos de las familias chabolistas en la barriada sevillana de Los Bermejales, que recibieron 42.000 euros cada una para que abandonaran la zona.
En la documentación presentada, el Ayuntamiento detalla las acciones que se han llevado a cabo en los últimos años en los Bermejales para intentar realojar a las familias. Todos estos intentos han sido, según un comunicado, "una larga serie de acciones que no han fructificado".
La documentación...
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), entregó ayer al defensor del pueblo, José Chamizo, toda la documentación sobre los desalojos de las familias chabolistas en la barriada sevillana de Los Bermejales, que recibieron 42.000 euros cada una para que abandonaran la zona.
En la documentación presentada, el Ayuntamiento detalla las acciones que se han llevado a cabo en los últimos años en los Bermejales para intentar realojar a las familias. Todos estos intentos han sido, según un comunicado, "una larga serie de acciones que no han fructificado".
La documentación remitida a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz señala que, en el año 2001, el Ayuntamiento "aprobó la construcción de 45 viviendas, pero, ante las alegaciones (...) de la Asociación de Vecinos de los Bermejales (...), acordó desistir." Después intentó, también sin éxito, "reubicarlos [a los chabolistas] en viviendas alquiladas por el Ayuntamiento" y, por último, optó por "adquirir un piso para cada una de las familias en diferentes zonas de la ciudad, exceptuando expresamente el Polígono Sur".
Tras los fracasos en los realojos, se registraron enfrentamientos entre los chabolitas y los obreros que comenzaron las obras en Los Bermejales, lo que ha provocado, según el Consistorio sevillano, que se haya optado por dar dinero a las familias después de que éstas se comprometiesen a gastarlo en la compra de una vivienda.
Esta operación ha unido a los grupos de la oposición, populares y andalucistas, que han pedido que se abra una comisión de investigación.
Las organizaciones humanitarias y los vecinos de la zona también han criticado la medida. El portavoz municipal del PP, Jaime Raynaud, pidió ayer a IU su apoyo para la creación de una comisión de investigación y señaló que, en caso de que no se convoque, exigirá el jueves la celebración de un pleno extraordinario.