Los orujeros dicen que el TSJA confirma que fue un "despropósito" incautarse del aceite
Las empresas desconfían de una solución extrajudicial para resarcir las pérdidas
Las empresas extractoras de aceite de orujo se han felicitado por la primera sentencia que da la razón al sector desde que surgió la crisis del benzopireno en 2001. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de desestimar el recurso de la Junta de Andalucía contra la sentencia que la condena a indemnizar con 32.428 euros a la firma Torres Ribelles confirma, según los orujeros, que "fue un despropósito" la incautación del aceite de orujo en julio de 2001 y que "no había ninguna justificación científica" para que la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, declarase...
Las empresas extractoras de aceite de orujo se han felicitado por la primera sentencia que da la razón al sector desde que surgió la crisis del benzopireno en 2001. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de desestimar el recurso de la Junta de Andalucía contra la sentencia que la condena a indemnizar con 32.428 euros a la firma Torres Ribelles confirma, según los orujeros, que "fue un despropósito" la incautación del aceite de orujo en julio de 2001 y que "no había ninguna justificación científica" para que la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, declarase una alerta sanitaria al sospechar de la presencia de sustancias tóxicas en el aceite.
El fallo del TSJA sienta un precedente que en los próximos meses podría favorecer a otras muchas empresas del sector. De hecho, el recurso contra la alerta sanitaria y la incautación del aceite de orujo decretada por el Ministerio de Sanidad fue presentado por la mayoría de las empresas extractoras de orujo, pero también por las refinerías y las envasadoras.
Así lo ha señalado Fernando Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Extractores de Orujo (ANEO), que agrupa a 50 fábricas en todo el país, la mayoría de ellas en Andalucía y, especialmente, en Jaén, que acapara el 40% de la producción nacional de orujo.
No obstante, Muñoz no pudo precisar el número de reclamaciones judiciales, puesto que se presentaron de manera individual por parte de las empresas.
"El fallo judicial viene a demostrar lo que nosotros veníamos defendiendo, es decir, que las formas de actuar del Ministerio de Sanidad no fueron las más correctas y que hubo precipitación al decretar la alerta sanitaria", manifestó ayer el presidente de los extractores de orujo, para quien el sector al que él representa "ha sido víctima de un despropósito y de una decisión desproporcionada e injustificada".
Además, desde ANEO se valora que el TSJA confirme que la indemnización deba realizarse sobre el 100% del daño ocasionado. "Eso nos da la razón a todos los argumentos que defendíamos", señaló Muñoz.
Pero más allá de las indemnizaciones, el fallo judicial supone para el sector orujero una "satisfacción moral" puesto que, según Muñoz, "vuelve a demostrarse ante la opinión pública que el orujo es una clase más de aceite y, como tal, se merece el mismo trato que el resto".
Con todo, los productores de orujo lamentan que la sentencia llegue tarde para un sector que da empleo a unas 5.000 personas y que todavía no ha salido del bache desde la crisis del benzopireno.
Los productores, añadió el presidente del sector orujero, se afanan por recuperar un mercado que estaba situado en casi 100.000 toneladas anuales y que hoy apenas llega al 50%. Uno de los retos pendientes que tienen los orujeros es la puesta en marcha de una nueva campaña de promoción, para lo que han pedido la colaboración al Ministerio de Agricultura para que participe en su cofinanciación.
Indemnizaciones
Los orujeros confían ahora en que los tribunales den la razón al resto de empresas que reclamaron por la incautación del aceite, al tiempo que desconfían de una solución extrajudicial. "Jamás se nos ha ofrecido la posibilidad de llegar a algún acuerdo a través indemnizaciones del propio Ministerio", manifestó Fernando Muñoz, para quien "la única vía de paliar el daño ocasionado a las industrias es la judicial".
El presidente de la Asociación Nacional de Extractores de Orujo recuerda que tras la crisis del benzopireno de hace tres años, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía prometieron ayudas al sector, no sólo para resarcirlos de las pérdidas por la caída de las ventas, sino para el traslado de las industrias.
Sin embargo, aquello, indica Muñoz, "sólo fueron buenas palabras", pues apenas se han arbitrado algunas medidas de promoción que se consideran "insuficientes". Además, los orujeros destacan la labor medioambiental "insustituible" que cumple este sector. Sólo en la provincia de Jaén, donde hay 17 industrias orujeras, se procesa la aceituna, una vez molturada, de más de 300 almazaras.