El Tribunal de Cuentas ve irregularidades graves en la ayuda de Guipúzcoa a la Real
El informe de fiscalización de la Diputación se aprobó en mayo pero no se ha hecho público
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas considera que la Diputación de Guipúzcoa incurrió en diversas irregularidades de carácter grave en la concesión, en 2002, de una subvención de 9 millones de euros a la Real Sociedad. Sin embargo, el informe de fiscalización de ese ejercicio de la Diputación guipuzcoana, que fue aprobado por el pleno del Tribunal el pasado 4 de mayo, no ha sido dado a conocer públicamente, como es norma de la institución.
De hecho, la existencia de dicho informe definitivo, confirmado por otras fuentes, queda reflejada oficialmente por el propio Tribunal en un anexo ...
El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas considera que la Diputación de Guipúzcoa incurrió en diversas irregularidades de carácter grave en la concesión, en 2002, de una subvención de 9 millones de euros a la Real Sociedad. Sin embargo, el informe de fiscalización de ese ejercicio de la Diputación guipuzcoana, que fue aprobado por el pleno del Tribunal el pasado 4 de mayo, no ha sido dado a conocer públicamente, como es norma de la institución.
De hecho, la existencia de dicho informe definitivo, confirmado por otras fuentes, queda reflejada oficialmente por el propio Tribunal en un anexo de la fiscalización realizada a la Diputación de Vizcaya en ese mismo ejercicio, difundida el pasado 7 de julio. En ella, el consejero José María Gorordo (independiente elegido a propuesta del PNV) formula un voto particular en el que disiente de la decisión mayoritaria de censurar desde el punto de vista procedimental y contable la ayuda de 6 millones de euros que la Diputación vizcaína concedió, también en 2002, al Athletic de Bilbao.
La divergencia del que fuera alcalde de Bilbao es más de forma que de fondo. Alega que no es equitativo que en el análisis del ejercicio de la Diputación de Vizcaya se dedique un apartado específico al convenio con el Athetic -solicitado expresamente por el Parlamento ante la polémica suscitada por la ayuda millonaria concedida al club-, y no se dé el mismo tratamiento especial, dentro de la fiscalización de la Diputación de Guipúzcoa, a la subvención recibida por la Real Sociedad. En su argumentación, Gorordo desvela que "el Informe definitivo" sobre el ejercicio 2002 de la Diputación guipuzcoana fue aprobado por el Tribunal en el pleno que celebraron sus miembros el 4 de mayo, es decir, un mes antes de que se debatiera el informe de la Diputación vizcaína. Pero así como éste se difundió públicamente de forma inmediata, la fiscalización de la Diputación de Guipúzcoa se ha mantenido oculta y solo se ha dado traslado del informe a la institución afectada.
El debate por el TVCP de la Cuenta General de Guipúzcoa en 2002 ha estado salpicada de incidencias, según han criticado fuentes del Tribunal. La Diputación que preside Joxe Joan González de Txabarri (PNV) rehusó presentar alegaciones al informe provisional de fiscalización que se le remitió. Ante la falta explicaciones a las irregularidades apreciadas en la concesión de la ayuda de 9 millones de euros a la Real Sociedad, el Tribunal decidió en su valoración de legalidad elevar el nivel del reproche por las vulneraciones de la normativa.
Al aprobarse el informe definitivo el 4 de mayo pasado, algún miembro del Tribunal debió poner en conocimiento de la Diputación que se había modificado al alza la valoración negativa del informe provisional y, a resultas del chivatazo, la institución presentó de inmediato un recurso de reposición. Se produjo así una situación calificada por un consejero de "kafkiana", ya que la Diputación recurría un informe del que no tenía conocimiento oficial.
No obstante, algunos miembros del tribunal estimaron que al haberse modificado las conclusiones en el informe definitivo debería haberse dado a la Diputación la posibilidad de alegar de nuevo. Para salvar la situación, el pleno acordó no admitir el recurso, pero notificar a la Diputación el informe definitivo para que -ya formalmente- pueda presentar un recurso de reposición. También se decidió por mayoría, contra el criterio de algún consejero, no dar a conocer a los medios de comunicación dicho informe, en contra de lo que es habitual.
La Diputación de Guipúzcoa concedió la polémica a la directiva del equipo donostiarra (la Real es una sociedad anónima deportiva (SAD) el 27 de diciembre de 2002, en su último Consejo de Diputados de ese año, aunque se abonó con fecha de 12 de marzo de 2003. Se da la circunstancia de que la institución, presidida entonces por el peneuvista Román Sudupe, estaba ese ejercicio en prórroga presupuestaria, lo que limita severamente la disposición de nuevos compromisos de gasto. Por ello, la ayuda se materializó en dos acuerdos sucesivos que el Tribunal considera de dudosa legalidad. Mediante el primero el Consejo de Diputados modifica "sin autorización inicial" diversos créditos del Presupuesto prorrogado de 2002, entre ellos un partida ya incluida denominada "Subvención nominativa Real Sociedad SAD", a la que se dota de 9 millones de euros. Y en el segundo acuerdo, también del 27 de diciembre, se otorga a la sociedad anónima deportiva esa ayuda millonaria.
Regalos a entidades privadas
Las objecciones del Tribuna de Cuentas a las subvenciones otorgadas por las tres diputaciones a los equipos de fútbol punteros no son de índole política, sino procedimental. No cuestiona si es ético dedicar cuantiosos recursos públicos a financiar las pérdidas de clubes profesionales, sino las irregularidades cometidas al hacerlo.
La doctrina del tribunal es que dichas ayudas no pueden ser decididas por las diputaciones de forma discrecional, evitando los principios de igualdad, concurrencia, publicidad y seguimiento de su utilización. ¿Por qué ayudar a la Real, al Athletic y al Alavés, y no al Barakaldo o al Eibar? En el caso de que, por razones de interés público, se decidiera financiar a un ente privado, el Tribunal considera que la fórmula adecuada es la de la "subvención nominativa". Pero, en este supuesto, aprobada por las Juntas Generales, tras un debate público sobre su conveniencia.
Para soslayar los obstáculos legales, la Diputación de Vizcaya envolvió los seis millones entregados al Athletic con la figura de un convenio. Sin embargo, el TVCP demostró que se trataba en realidad de una subvención pura y dura, ya que no estaban precisadas con claridad las obligaciones que asumía el club a cambio de recibir esa elevada cantidad. Al final, su destino fue cubrir los agujeros económicos del Athletic. En lo que se refiere a la Real Sociedad, la fórmula para recibir los 9 millones fue la subvención directa. Aunque se dijo que se destinaban al centro deportivo de Zubieta, lo cierto es que la directiva los contabilizó en su presupuesto como un ingreso más.