La juez no ve presiones al confidente Zouhier y archiva el caso
Preso por los atentados del 11-M, estaba al corriente de la obtención de los explosivos
La juez Verónica Caravantes ha apreciado que no hubo delito y ayer archivó el caso. Así ha concluido la investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de Valdemoro (Madrid), iniciada a raíz de una denuncia del fiscal, por las supuestas presiones realizadas por agentes de la Guardia Civil a su confidente Rafá Zouhier, preso preventivo en la cárcel de Valdemoro al estar presuntamente implicado en los atentados del 11-M, en los que murieron 191 personas.
Zouhier, de 25 años, nacido en Casablanca (Marruecos), lleva en prisión desde el 19 de marzo y el juez de la Audiencia Nacional Juan d...
La juez Verónica Caravantes ha apreciado que no hubo delito y ayer archivó el caso. Así ha concluido la investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de Valdemoro (Madrid), iniciada a raíz de una denuncia del fiscal, por las supuestas presiones realizadas por agentes de la Guardia Civil a su confidente Rafá Zouhier, preso preventivo en la cárcel de Valdemoro al estar presuntamente implicado en los atentados del 11-M, en los que murieron 191 personas.
Zouhier, de 25 años, nacido en Casablanca (Marruecos), lleva en prisión desde el 19 de marzo y el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo le imputa un delito de colaboración con banda armada porque cree que junto con Rachid Aglif y José Emilio Suárez Trashorras participó en los contactos y las reuniones mantenidas con la finalidad de proporcionar explosivos y detonadores, a cambio de droga, a la célula de Morata de Tajuña, cuyos integrantes finalmente fueron los autores materiales de los atentados del 11-M.
Zouhier estuvo en la cárcel de Villabona (Asturias) por un delito de robo con violencia, donde coincidió con Antonio Toro, cuñado de Suárez Trashorras, y se enteró de la posibilidad de obtener explosivos. Fuera de la cárcel, según las investigaciones del juez Del Olmo, Rachid Aglif, Suárez y el propio Zouhier tuvieron contactos en el último trimestre de 2003 con la finalidad de cambiar explosivos por droga. Los tres tenían relación con Jamal Ahmidan, El Chino y Mowgli, jefe de logística de la célula de Morata, y conocían sus actividades y mantuvieron reuniones hasta febrero de 2004, pocos días antes de los atentados.
A pesar de que Zouhier ha escrito algunas cartas en las que señala que había avisado de los preparativos de los atentados y que no le habían hecho caso, sus declaraciones, tanto ante el juez Del Olmo, como el pasado día 14 de julio ante la juez Caravantes, reconocen que nunca avisó a la Guardia Civil de los preparativos de los atentados. La Guardia Civil dice que hablaron con él los días 4, 9 y 10 de marzo, pero no avisó de los atentados. El 12 y 14 de marzo negó tener cualquier relación con los atentados y sólo el 16 y 17 de marzo habló con Víctor (su contacto y capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil) tras ver en televisión la imagen de Jamal Ahmidan, proporcionando datos sobre su peligrosidad.
Precisamente, un Juzgado de Parla (Madrid), que había iniciado unas investigaciones por un asunto de drogas, autorizó la intervención del teléfono de Zouhier y captó la conversación mantenida por Zouhier y "Víctor" el 17 de marzo, donde el primero advertía de que El Chino tenía explosivos y detonadores.
Enlace para explosivos
Rafá Zouhier sí informó a la Guardia Civil en los primeros meses de 2003 de que dos asturianos -José Emilio Suárez y Antonio Toro- le habían ofrecido la posibilidad de facilitar sustancias explosivas y detonadores a quien estuviera interesado.
El 9 y el 14 de abril fue visitado en la cárcel de Valdemoro por miembros de la UCO, pero según la juez, "ninguno de los agentes de la Guardia Civil que lo visitaron en el Centro Penitenciario Madrid III realizó comportamiento alguno susceptible de encajar en el comportamiento penal de amenazas".
Zouhier dijo que los agentes le habían tratado bien para que no dijera nada al juez y preguntado expresamente por las supuestas amenazas, el marroquí precisó que únicamente le dijeron que no dijera nada porque si no "se iba a comer los 200 muertos".
El preso alegó que no es un chivato, que se sintió "abandonado y tirado", pero obviamente eso tampoco puede ser considerado una amenaza. La juez considera que las cartas son "un intento de desahogo y de justificación de su situación personal" y ha archivado el caso.