Malos tratos carcelarios
El Departamento de Justicia de la Generalitat ha remitido a la fiscalía la investigación interna que realizó tras el motín ocurrido en una de sus cárceles el 30 de abril y en el que fue herido de gravedad un subdirector del centro de Quatre Camins. Se trata de esclarecer los malos tratos que presuntamente sufrieron 28 presos tras el suceso en las operaciones de traslado y restitución del orden carcelario. Es una iniciativa incómoda, pero, al mismo tiempo, de una lógica democrática obligada y aplastante. Y, sin embargo, tanto PP como CiU la han tachado de temeraria, y los sindicatos, sobre todo...
El Departamento de Justicia de la Generalitat ha remitido a la fiscalía la investigación interna que realizó tras el motín ocurrido en una de sus cárceles el 30 de abril y en el que fue herido de gravedad un subdirector del centro de Quatre Camins. Se trata de esclarecer los malos tratos que presuntamente sufrieron 28 presos tras el suceso en las operaciones de traslado y restitución del orden carcelario. Es una iniciativa incómoda, pero, al mismo tiempo, de una lógica democrática obligada y aplastante. Y, sin embargo, tanto PP como CiU la han tachado de temeraria, y los sindicatos, sobre todo UGT, la han denunciado por considerar que la Administración catalana ha abierto un proceso paralelo. Es una reacción que suena a blindaje corporativo.
La investigación no pone en cuestión la honradez del colectivo, sino que busca identificar a los funcionarios que han violado el deber de respetar los derechos humanos de los presos. Las extemporáneas críticas políticas y sindicales alimentan la idea, fácilmente cultivable por la antipatía social que genera el delito, de que los penados no son sujetos de derechos. Peor aún, sirven de colchón a los plantes iniciados por grupos de funcionarios y a sus inaceptables amenazas de un verano caliente.
Pujol reclamó y obtuvo las competencias penitenciarias para Cataluña, a diferencia de las otras autonomías. Importó un problema, quizá más movido por el incremento de la cuota de poder que por unas ideas claras sobre qué hacer en las prisiones. El actual Gobierno de Maragall ha heredado un artefacto penitenciario deficiente y trasnochado, cuya reforma es urgente. Pero previamente hará bien en aclarar este lamentable episodio de manera rotunda y transparente, asumiendo además las responsabilidades políticas y funcionariales que puedan derivarse. Con igual diligencia deberá reparar otros déficit del sistema. La cárcel no debe añadir más penalidades a las ya impuestas por la privación de libertad y los funcionarios deben poder ejercer sus tareas de vigilancia con seguridad y medios suficientes. El infierno carcelario que viven unos y otros es insostenible. Y esto vale tanto para Cataluña como para el conjunto de España.