Exámenes de junio
Este grupo de profesores del IES Profesor Gonzalo Huesa quiere expresar ante la Delegación de Educación su total desacuerdo y queja por el desarrollo del final del curso. Las preocupaciones por las que nuestra Administración ha impuesto la convocatoria extraordinaria están muy alejadas no sólo de las concepciones educativas de la mayoría del profesorado sino de una práctica normal de los centros. La imposición de la convocatoria extraordinaria en el mes de junio, más allá de visiones educativas diversas, ha traído aparejadas consecuencias no tenidas en cuenta o no sopesadas convenientemente: l...
Este grupo de profesores del IES Profesor Gonzalo Huesa quiere expresar ante la Delegación de Educación su total desacuerdo y queja por el desarrollo del final del curso. Las preocupaciones por las que nuestra Administración ha impuesto la convocatoria extraordinaria están muy alejadas no sólo de las concepciones educativas de la mayoría del profesorado sino de una práctica normal de los centros. La imposición de la convocatoria extraordinaria en el mes de junio, más allá de visiones educativas diversas, ha traído aparejadas consecuencias no tenidas en cuenta o no sopesadas convenientemente: la improvisación en la aplicación del calendario, la ambigüedad y atraso en las instrucciones, el caos organizativo en los centros, el absentismo, el incumplimiento de programaciones, ha sido la nota dominante en el último mes.
Es curioso y paradójico que aquellos que nos exigen un alto grado de cualificación y planificación se olviden en momentos tan críticos, y fomenten el caos y la improvisación; que aquellos que tienen que velar por una educación igualitaria y de calidad la pongan en peligro por mantener una postura política ya sobrepasada por los acontecimientos.
No conforme con lo anterior, convocan el acto de presentación de las oposiciones en periodo de evaluaciones extraordinarias finales. Hemos tenido que tomar decisiones: promociones, titulaciones, repeticiones..., sin la presencia de muchos de nuestros compañeros, unos por opositores y otros por miembros de los tribunales. Nuestra Administración antepone sus necesidades administrativas a una educación de calidad.
Finalmente, y como todo es susceptible de empeorar, como nuestra Administración se empeña en demostrárnoslo, aprovecha el final de curso para enviar unas instrucciones sobre los criterios para las propuestas de diversificación, que significan, a efectos reales, la eliminación de uno de los procedimientos más eficaces y de calidad de la vigente ley educativa: los cursos de diversificación curricular. Nos imaginamos qué alto coste monetario está detrás de estas intenciones.
De estas críticas no quieran ver ninguna reivindicación gremialista sino una sincera preocupación por la calidad de la educación, y es por lo que pedimos a la Administración que analice la situación creada y la replantee con tiempo para futuros cursos.