Los consejeros de Educación del PP se reunirán en julio en Valencia

La próxima reunión de consejeros de Educación de las siete comunidades autónomas gobernadas por el PP se celebrará en julio en Valencia, según anunció el secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, tras el encuentro del lunes en San Millán de la Cogolla (La Rioja). La cita, según Caturla, pretende unificar posiciones dentro del PP, de manera que se puedan "aunar esfuerzos y criterios para trabajar de manera conjunta por la mejora de la enseñanza pública".

Caturla reiteró hasta en tres ocasiones la apuesta por "la mejora del sector público" y, en concreto, de "la enseñanza públic...

La próxima reunión de consejeros de Educación de las siete comunidades autónomas gobernadas por el PP se celebrará en julio en Valencia, según anunció el secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, tras el encuentro del lunes en San Millán de la Cogolla (La Rioja). La cita, según Caturla, pretende unificar posiciones dentro del PP, de manera que se puedan "aunar esfuerzos y criterios para trabajar de manera conjunta por la mejora de la enseñanza pública".

Caturla reiteró hasta en tres ocasiones la apuesta por "la mejora del sector público" y, en concreto, de "la enseñanza pública", asegurando que "en estas reuniones se ha demostrado que la Comunidad Valenciana está a la vanguardia de la educación a nivel nacional". El secretario autonómico argumentó su declaración en el hecho de que la Consejería de Educación valenciana ha contratado en dos legislaturas "10.000 profesores" y "construido más de 300 nuevos centros".

El énfasis en "la mejora de la enseñanza pública" del PP valenciano comenzó en mayo con la presentación del segundo plan de construcciones escolares para los próximos cuatro años por 955 millones de euros de la mano del propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Pero coincide con la batalla de algunas comunidades gobernadas por el PP, que se han posicionado en contra de las reformas socialistas sobre los decretos de admisión de alumnos en centros públicos y concertados -que eliminan las trabas económicas para que la clase media trabajadora pueda acceder a un puesto escolar público- llegando incluso a los tribunales.