Algunos letrados deberán devolver el dinero cobrado de modo indebido al atender a inmigrantes

Los abogados de Algeciras están sometidos a investigación por prácticas irregulares

Los abogados de Algeciras que hayan incurrido en prácticas irregulares cuando prestaban asistencia a inmigrantes sin papeles deberán devolver a la Junta de Andalucía el dinero que cobraron de forma indebida, según anunció ayer la consejera andaluza de Justicia, María José López. La consejera hizo estas declaraciones a propósito de la denuncia del Defensor del Pueblo sobre actuaciones que, a su juicio, lesionaron los derechos de cientos de extranjeros.

En su informe, el Defensor del Pueblo acusaba a 46 letrados de "uso abusivo y generalizado de formularios", "fundamentos jurídicos...

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Los abogados de Algeciras que hayan incurrido en prácticas irregulares cuando prestaban asistencia a inmigrantes sin papeles deberán devolver a la Junta de Andalucía el dinero que cobraron de forma indebida, según anunció ayer la consejera andaluza de Justicia, María José López. La consejera hizo estas declaraciones a propósito de la denuncia del Defensor del Pueblo sobre actuaciones que, a su juicio, lesionaron los derechos de cientos de extranjeros.

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En su informe, el Defensor del Pueblo acusaba a 46 letrados de "uso abusivo y generalizado de formularios", "fundamentos jurídicos estereotipados", "argumentos jurídicos muy escuetos, poco motivados e incongruentes" y minutas astronómicas.

El informe de la institución que preside Enrique Múgica se basaba en un estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre la labor de los abogados del turno de oficio de Algeciras durante el primer trimestre del año pasado. De las 2.820 asistencias realizadas por los letrados en ese período, 1.049 (el 37%) presentaban ese tipo de deficiencias.

Lejos de solucionarse, la situación se agravó en el segundo trimestre, cuando la Junta detectó los mismos fallos en 1.500 expedientes. El número de abogados responsables creció de 46 a 76.

La práctica más común consistía en presentar un formulario tipo, en el que sólo cambiaba el nombre del extranjero, y cobrar por el número de formularios presentados. De esa forma los letrados habrían vulnerado los derechos de los inmigrantes y habrían estafado a la Junta de Andalucía, que abona su trabajo.

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Por eso la Junta ha decidido suspender provisionalmente el pago del turno de oficio en la localidad. Además, el Consejo General de la Abogacía de Andalucía ha abierto un expediente informativo sobre el Colegio de Abogados de Cádiz, al que pertenecen los letrados de Algeciras, según confirmó ayer a EL PAÍS el presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía de España, Pascual Aguelo. Esta institución se encuentra a la espera de las conclusiones definitivas de la investigación. Por el momento, ya han sido sancionados "siete u ocho abogados", según declaró ayer la consejera de Gobernación de la Junta, Evangelina Naranjo.

Pascual Aguelo afirmó que, para evitar actuaciones irregulares como las detectadas ahora en Algeciras y antes en Fuerteventura, el Consejo General ha instado a los colegios de abogados a crear turnos específicos de extranjería, cuyos miembros deberán reunir varios requisitos y adaptarse a un reglamento. También considera necesario que impartan cursos homologados de introducción a la práctica del derecho de extranjería, y ha aprobado un borrador de protocolo de actuación que incluye la atención personalizada a los inmigrantes y procedimientos sancionadores.

Asimismo, recomienda a la policía que proporcione a los letrados el tiempo y los intérpretes necesarios para que puedan ejercer su labor en condiciones. Algunos abogados de Algeciras han alegado en su defensa que a veces la policía les exige que atiendan a centenares de extranjeros en sólo dos o tres horas para repatriarlos el mismo día de su llegada.

La consejera López abogó por no "generalizar" sobre el colectivo de letrados, porque las irregularidades se han dado en "un grupo de abogados" del turno de oficio. López dijo que su consejería es "la primera interesada" en que la prestación de ese derecho público [de asistencia letrada] se realice "en las mejores condiciones".

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