El Ayuntamiento de Marbella adjudica la redacción del PGOU al arquitecto Fustegueras
La Junta, que correrá con el 60% del gasto, recomendó a la empresa beneficiaria
La situación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella parece cerca de solucionarse. El equipo de gobierno de Marisol Yagüe adjudicó ayer "por unanimidad" a la empresa Territorio y Ciudad, del arquitecto Manuel Fustegueras, la redacción del futuro texto urbanístico de la localidad, que de cumplirse los plazos previstos podría presentar un avance del documento para este próximo otoño. La decisión de Yagüe coincide con la propia valoración de los técnicos de la Junta de Andalucía, que hace pocos días remitieron un informe proponiendo este estudio de arquitectura de Sevilla.
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La situación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella parece cerca de solucionarse. El equipo de gobierno de Marisol Yagüe adjudicó ayer "por unanimidad" a la empresa Territorio y Ciudad, del arquitecto Manuel Fustegueras, la redacción del futuro texto urbanístico de la localidad, que de cumplirse los plazos previstos podría presentar un avance del documento para este próximo otoño. La decisión de Yagüe coincide con la propia valoración de los técnicos de la Junta de Andalucía, que hace pocos días remitieron un informe proponiendo este estudio de arquitectura de Sevilla.
La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe ha seguido al pie de la letra la recomendación del gobierno andaluz para elegir equipo redactor, a la que ha dado finalmente un carácter "vinculante", pese a tener plenas competencias para la adjudicación del concurso público. La alcaldesa ya avanzó la pasada semana su intención de "decantarse" por la empresa elegida por la Junta de Andalucía "para evitar futuras dilaciones en el proceso de elaboración del PGOU", que ha sido rechazado hasta en tres ocasiones por la comisión provincial de Urbanismo de Málaga, la última con carácter definitivo.
No obstante, Yagüe insistió en que el dictamen de los técnicos de la Administración autonómica ha coincidido con el propio criterio de los técnicos municipales a la hora de elegir equipo de arquitectos. "La decisión se ha producido de acuerdo a los criterios que contiene el pliego de condiciones", insistió ayer Yagüe, que destacó que todo el proceso, que ha durado cuatro meses y medio, se ha ejecutado "de común acuerdo" con la Junta de Andalucía, y confió en que el nuevo texto dote a la ciudad de una "seguridad jurídica", de la que carece desde hace años y que mantiene un caos urbanístico en la localidad con decenas de proyectos paralizados, en los tribunales o pendientes de resolución urbanística.
La mesa de contratación dispone ahora de 15 días para formalizar el contrato con la empresa adjudicataria. Una vez firmado el contrato se constituirá la mesa de participación, en la que estarán representados los distintos colectivos económicos y sociales de la ciudad.
Según el convenio de colaboración firmado en enero pasado, la Junta de Andalucía correrá con los gastos de las dos primeras fases del documento, esto es, el informe de avance y la aprobación inicial, que suponen el 60 %. La empresa Territorio y Ciudad ha redactado los planes de ordenación urbana de Sevilla, en fase de aprobación inicial, el de Jerez de la Frontera y está realizando actualmente el de Alcalá de Guadaíra.
Sin embargo, al margen de la elección del equipo que redactará el futuro PGOU de Marbella existen diferencias evidentes entre ambas administraciones en lo que a urbanismo se refiere. Los tira y afloja entre la alcaldesa Yagüe y el delegado provincial de Urbanismo se suceden cada semana. La Junta ha impugnado 16 licencias del actual equipo de gobierno que no se ajustan al Plan General vigente, fechado en 1986, y se ha subrogado las competencias municipales para sancionar ilegalidades urbanísticas, una prerrogativa de la nueva Ley de Ordenación.
Obras Públicas, que comunicó al Ayuntamiento hace una semana la apertura del primer expediente sancionador a una empresa por infracción muy grave, vigila además otras 25 obras. Yagüe por el contrario asegura que no ha firmado ningún permiso al margen del PGOU de 1986, aunque se niega a sancionar las licencias de obras que fueron otorgadas por anteriores alcaldes como Jesús Gil o Julián Muñoz.