Pretextos contra una ley
La conveniencia e incluso necesidad de afinar jurídicamente algunos extremos de la futura ley integral contra la violencia sobre las mujeres, en especial los que rozan o entran de lleno en el Código Penal, ha sido el pretexto para orquestar una formidable campaña contra una iniciativa legislativa política y socialmente justificada y que es urgente a causa de las muertes casi cotidianas de mujeres a manos de su pareja masculina.
A los que ahora propugnan una indagación audaz y profunda sobre las causas de esa violencia para descalificar las medidas concretas puestas en marcha para combat...
La conveniencia e incluso necesidad de afinar jurídicamente algunos extremos de la futura ley integral contra la violencia sobre las mujeres, en especial los que rozan o entran de lleno en el Código Penal, ha sido el pretexto para orquestar una formidable campaña contra una iniciativa legislativa política y socialmente justificada y que es urgente a causa de las muertes casi cotidianas de mujeres a manos de su pareja masculina.
A los que ahora propugnan una indagación audaz y profunda sobre las causas de esa violencia para descalificar las medidas concretas puestas en marcha para combatirla se les ve el plumero ideológico; son los mismos que rechazan de plano cualquier análisis sobre las causas profundas de la delincuencia en general y que abogan por una respuesta penal represiva y lo más rápida posible. También resulta curiosa la actitud de quienes alegan la complejidad del proceso generador de violencia del hombre contra la mujer para cuestionar la actuación de los poderes públicos. Las causas de la violencia doméstica son complejas, y ninguno de sus protagonistas es asesino o mártir por naturaleza, pero es un hecho estadístico y sociológico incontestable que la mujer es su principal víctima y que el elemento masculino es quien con más asiduidad utiliza su fuerza o su relación de dominio para maltratar y asesinar.
Esta situación es una razón más para perfeccionar jurídicamente el anteproyecto de ley integral que el Gobierno se propone remitir al Congreso. Y no sólo para no facilitar posibles boicoteos de la norma, sino para evitar que resulte un fiasco para las víctimas que pretende proteger. Desde posiciones ideológicamente contrapuestas sobre la discriminación positiva a favor de la mujer, tanto la mayoría conservadora como la minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial parecen coincidir en la dificultad de aplicarla tal cual al ámbito penal.
Ése es, quizá, el flanco más débil del actual anteproyecto, puesto que como señala el voto particular de los vocales progresistas al informe del Consejo General del Poder Judicial -aprobado por una mayoría de 10 votos frente a 9-, "no se justifica que una misma conducta lesiva pueda variar en función de quienes sean sus sujetos activo o pasivo". Insistir, pues, en un tratamiento penal de la violencia doméstica según el sujeto que la comete o sufre -hombre o mujer-, y no de acuerdo con su específica y gravísima naturaleza delictiva, podría abrir un resquicio al recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales, restando seguridad jurídica a la nueva norma. Eso hay que evitarlo.