Miedo infundado
Asisto desde hace algunas semanas, como espectador, al debate generado en torno al nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de La Albufera, y admito que no puedo dejar de sorprenderme ante personas y entidades que, desde el más puro desconocimiento, se permiten criticar el documento y verter opiniones catastrofistas sobre el futuro de este espacio natural.
El motivo de esta alarma parece producirse porque la Consejería de Territorio y Vivienda satisface tres demandas de carácter social que los habitantes del parque natural llevan años reclamando, entre las que se encuentran...
Asisto desde hace algunas semanas, como espectador, al debate generado en torno al nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de La Albufera, y admito que no puedo dejar de sorprenderme ante personas y entidades que, desde el más puro desconocimiento, se permiten criticar el documento y verter opiniones catastrofistas sobre el futuro de este espacio natural.
El motivo de esta alarma parece producirse porque la Consejería de Territorio y Vivienda satisface tres demandas de carácter social que los habitantes del parque natural llevan años reclamando, entre las que se encuentran la construcción de un colegio y de un centro de salud.
Ante esta situación, me pregunto si los derechos de las personas que residen en un parque natural valen menos que los de cualquier otro ciudadano. La respuesta evidentemente es un no rotundo.
Voces tan prestigiosas como la de Delmar Blasco (ex secretario general de la Convención Ramsar), ya recomendaban en Valencia, en la Convención sobre los humedales celebrada en el año 2001, el diálogo con los habitantes y usuarios de los humedales, así como una actitud comprensiva hacia sus problemas. Para Delmar Blasco el ideal en la gestión de un humedal es alcanzar un equilibrio entre la calidad de vida de las personas y la conservación del ecosistema. ¿Es un teórico Delmar Blasco? No, esto es algo posible, y ya existe un claro ejemplo en la Comunidad Valenciana: el Marjal de Pego-Oliva.
Después de muchos años de desencuentros entre los agricultores y las distintas administraciones por el cultivo del arroz en este marjal, la entonces denominada Consejería de Medio Ambiente con su titular Fernando Modrego al frente, da carpetazo al problema sentando alrededor de una mesa a todos los implicados en el humedal. El diálogo entre los agricultores, las comunidades de regantes, los ayuntamientos de Oliva y Pego y la propia consejería, además de técnicos de la Universidad Politécnica de Valencia, dio su fruto. Cada cual expuso sus problemas y se demostró que es posible compaginar la práctica de la agricultura con la protección del medio ambiente.
Hoy en día esto es una realidad, pues con fecha 3 del presente mes de junio el Consejo Asesor de Participación del Medio Ambiente (CAPMA) dio el visto bueno al Plan de ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural del Marjal Pego-Oliva, elaborado por la Consejería de Territorio y Vivienda que recoge las propuestas consensuadas.
Como testigo de excepción del caso de Pego-Oliva, estoy en disposición de afirmar que si conseguimos que el agricultor comprenda las ventajas de un humedal, él será su principal defensor. Es importante escucharle y hacerle partícipe de la conservación del humedal.
En La Albufera es posible lograr un equilibrio similar al que se alcanzó en Pego y Oliva, pero para ello hay que escuchar a sus habitantes, que en definitiva son quienes más cerca viven del parque natural y tienen mayor interés en su defensa.
Hoy por hoy, no veo nada en el proyecto del Plan Rector de Uso y Gestión de La Albufera que fundamente las conclusiones alarmistas que se han extraído del documento y que en algunos casos no vienen dadas por una verdadera preocupación medioambiental, sino más bien por una presunción de actuaciones futuras que no pueden deducirse de lo aquí aprobado.
Por el contrario, el plan rector de La Albufera incorpora, a mi entender, aspectos muy positivos, algunos de los cuales son fundamentales para la buena gestión del parque natural. Así, el PRUG reconoce, por primera vez, el papel del agricultor en la conservación y protección de La Albufera y garantiza la actividad agraria vinculada al cultivo del arroz, como una práctica tradicional en el parque, otorgándole un interés ecológico, social, económico y cultural. En pocas palabras, por primera vez, se considera al usuario conservador y no enemigo de este espacio natural. Además de asegurar que la zona no quedará abandonada por sus habitantes pues garantiza el asentamiento de la vecindad dotándole de los servicios sociales fundamentales y que cualquier ciudadano tiene constitucionalmente protegidos, hablamos de servicios públicos esenciales como son la educación y la salud.
Además, desde mi conocimiento técnico sobre los humedales, tengo que aplaudir la apuesta de la consejería por la regeneración de los ullals de este parque natural. Esta medida ayudará a garantizar una buena calidad de sus aguas. Pero también desde mi experiencia reconozco que para que este plan sea efectivo hay que contar con los habitantes de la zona, pues ellos son los que conocen mejor la localización de esos manantiales que ayudarán a la regeneración natural de La Albufera.
En contra de lo que muchos opinan, soy optimista sobre el futuro que le espera a La Albufera porque el nuevo plan rector del parque garantiza su protección y sienta las bases de su total regeneración con la complicidad de sus habitantes. Reservemos las protestas para el día en que esto cambie.
Juan M. Gisbert es doctor ingeniero agrónomo, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y profesor de Clasificación, Evaluación y Conservación de Suelos.