Editorial:

Marcha de cangrejo

El Observatorio de Universidades de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) acaba de dar a la publicidad su último informe, con datos de 2002. No muestra el progreso que sería razonable esperar en la financiación de las universidades respecto del último publicado, correspondiente a 2000, que ya reflejaba un retroceso relativo respecto de ejercicios anteriores. En efecto, 1998 fue el año en el que se alcanzó el máximo de gasto universitario, el 0,96% del PIB, mientras que en 2000 descendió al 0,84% y dos años después prácticamente se ha mantenido, con un 0,85 %. Por supuest...

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El Observatorio de Universidades de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) acaba de dar a la publicidad su último informe, con datos de 2002. No muestra el progreso que sería razonable esperar en la financiación de las universidades respecto del último publicado, correspondiente a 2000, que ya reflejaba un retroceso relativo respecto de ejercicios anteriores. En efecto, 1998 fue el año en el que se alcanzó el máximo de gasto universitario, el 0,96% del PIB, mientras que en 2000 descendió al 0,84% y dos años después prácticamente se ha mantenido, con un 0,85 %. Por supuesto, las cantidades absolutas dedicadas al sistema universitario han ido creciendo, pero a un ritmo menor que la economía española en su conjunto. Ese desfase es una mala noticia.

El único modo de encarar un futuro en el que se seguirán produciendo deslocalizaciones de la actividad económica es con innovación y aumentando la productividad, factores que exigen una mejora de la Universidad y de todas las instituciones que crean y transmiten conocimiento y forman a nuestros jóvenes. Para ello se requiere que el esfuerzo en educación, desde la escuela al posgrado, y en investigación, crezca por encima de la economía, no por debajo. Lo contrario es retroceder e ir a menos en los sectores decisivos para el futuro.

La Universidad pública genera más de las dos terceras partes de toda la investigación en España. De forma que el perentorio impulso a la inversión en I+D debe necesariamente tener un reflejo en el sistema universitario. Un dato preocupante del informe es que la financiación privada de la Universidad, a través de contratos de investigación, convenios o programas conjuntos, ha disminuido en estos últimos años. Otra mala señal es que certifica la escasez de la aportación privada al conjunto de la I+D española. Y no es verosímil un crecimiento sólido y sostenido en este campo si no hay una participación significativa del sector privado.

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El Gobierno y las comunidades autónomas tienen un trabajo considerable por delante en el fortalecimiento de un sistema universitario de calidad, bien financiado y sujeto a cuantas evaluaciones y análisis sean necesarios para asegurar el cumplimiento de niveles exigentes, y en la promoción de la participación del sector privado en un esfuerzo que es vital para todos. También las universidades deben impulsar su papel en la creación de empleo cualificado, en el fomento de la innovación y en la apertura al sector privado, más dinámico y proclive a colaborar con el mundo académico.

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