Eurocopa y patriotismo
LA CHURRIGUERESCA MOCIÓN aprobada en el Congreso el pasado 1 de junio sobre la participación de las selecciones deportivas autonómicas en competiciones internacionales ha desatado una furiosa tormenta oceánica en un vaso de agua. Dispuesto a llevar al molino de la oposición patriótica cualquier tibieza o ambigüedad del PSOE en ese terreno, Rajoy anunció tres días después una propuesta -"con España no se juega"- para que la Cámara garantice la presencia de la selección española de fútbol no sólo en la Eurocopa de 2004, sino también en "la siguiente y la siguiente".
El secretario g...
LA CHURRIGUERESCA MOCIÓN aprobada en el Congreso el pasado 1 de junio sobre la participación de las selecciones deportivas autonómicas en competiciones internacionales ha desatado una furiosa tormenta oceánica en un vaso de agua. Dispuesto a llevar al molino de la oposición patriótica cualquier tibieza o ambigüedad del PSOE en ese terreno, Rajoy anunció tres días después una propuesta -"con España no se juega"- para que la Cámara garantice la presencia de la selección española de fútbol no sólo en la Eurocopa de 2004, sino también en "la siguiente y la siguiente".
El secretario general del PP afirma con razón que "el sentido común y el interés general de los españoles" respaldan su deseo. La partida de nacimiento de los 23 futbolistas enviados a Portugal fue expedida por diferentes comunidades autónomas: Cataluña aporta 5 jugadores; Andalucía, Madrid y Valencia, 3 cada una; el País Vasco, 2; y Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, 1 por región. Pero el empeño de Rajoy por sembrar con ese pretexto dudas ponzoñosas en torno a la lealtad constitucional de los socialistas es sólo una demagógica manipulación electoralista. El presidente Zapatero ya había aclarado dos días antes que el derecho a participar en competiciones deportivas internacionales oficiales corresponde a la selección española. El ámbito reservado a las selecciones autonómicas en el exterior se limitaría a encuentros no oficiales, a torneos interregionales o a homologaciones especiales: el enfrentamiento del equipo de España con un combinado representativo de una comunidad -como Cataluña, el País Vasco o Andalucía- en una competición internacional es un imposible jurídico.
Una moción aprobada por el Congreso el 1 de junio recibe interpretaciones encontradas acerca de la participación de los equipos deportivos españoles en las competiciones internacionales oficiales
La admisión hace tres meses de la Federación Catalana de Patinaje por el comité ejecutivo del FIRS para participar en las competiciones internacionales oficiales de hockey sobre patines -un deporte no olímpico- ya suscitó un acalorado debate. Pero la moción sobre las selecciones deportivas vascas presentada la semana pasada en el Congreso por Begoña Lasagabaster elevó aún más el ardor de la polémica: enmendada inicialmente -sin resultado- por el grupo socialista, la enmienda transaccional promovida después por la propia diputada de EA recibió el poco meditado respaldo del PSOE. Si el buen Homero -según el dicho latino- dormitaba en ocasiones, también el astuto Pérez Rubalcaba echa a veces una cabezada como portavoz socialista. El Congreso insta al Gobierno a "mantener la lealtad constitucional" hacia el sistema de distribución competencial y a promover "la presencia de las selecciones deportivas autonómicas que lo soliciten en competiciones internacionales".
El primer punto de la confusionista moción transaccional aprobada con los votos del PSOE resulta redundante: la lealtad gubernamental en materia competencial es un deber que el artículo 9 de la Constitución exige. El segundo punto no introduce novedad alguna: la Ley del Deporte de 1990 reserva a las federaciones y selecciones deportivas españolas la representación en las actividades y competiciones oficiales de carácter internacional. Pero los partidarios de que las selecciones deportivas de Cataluña y el País Vasco compitan en pie de igualdad con la selección española en torneos internacionales interpretan la moción de manera torticera: la competencia de "promoción del deporte" transferible a las comunidades autónomas de acuerdo con el artículo 148.19 de la Constitución y el carácter supuestamente privado de unas federaciones generosamente financiadas con fondos públicos justificarían esa estrafalaria conclusión. El PSOE se ha visto forzado a volver sobre la moción irreflexivamente aprobada con sus votos para aclarar el equívoco: en una España formada por 17 autonomías resulta impensable que el equipo de una comunidad pueda enfrentarse en una competición oficial internacional a una selección "española" formada por las dieciséis autonomías restantes.