El Estado gana a la Junta el juicio por la titularidad del parador de turismo El Adelantado de Cazorla

El parador de turismo El Adelantado de Cazorla (Jaén) tendrá de nuevo titularidad estatal al estimar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Jaén la demanda presentada por la Abogacía del Estado contra la Junta de Andalucía, que defendía su propiedad en base al Real Decreto de transferencias a la comunidad autónoma del año 1984 en el que se incluía el monte de Navahondona, finca donde está el parador.

La sentencia, emitida ayer a pesar de que la vista se celebró el 12 de abril, confirma que el monte donde se ubica el parador es de propiedad autonómica, pero no así el p...

El parador de turismo El Adelantado de Cazorla (Jaén) tendrá de nuevo titularidad estatal al estimar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Jaén la demanda presentada por la Abogacía del Estado contra la Junta de Andalucía, que defendía su propiedad en base al Real Decreto de transferencias a la comunidad autónoma del año 1984 en el que se incluía el monte de Navahondona, finca donde está el parador.

La sentencia, emitida ayer a pesar de que la vista se celebró el 12 de abril, confirma que el monte donde se ubica el parador es de propiedad autonómica, pero no así el parador, cuya gestión y explotación corresponde a Tourespaña, una empresa que depende directamente del Ministerio de Hacienda.

La Administración central defendió durante el juicio, a través de la Abogacía del Estado, que el Decreto por el que se transfirió a la comunidad andaluza el monte de Navahondona sólo perseguía "efectos de conservación de la naturaleza y no de fomento del turismo", por lo que el parador no se traspasó a la Junta y se segregó administrativamente por parte del Estado. Sin embargo, la Junta inscribió a su nombre el parador, dentro del anexo de bienes inmuebles, bajo el argumento de que no se produjo una transferencia de dominio sobre la propiedad, sino una cesión para uso turístico. El Estado decidió entonces promover una acción declarativa de dominio, un contencioso que se viene prolongando desde hace una década. Tras un fallido acto de conciliación celebrado en diciembre, la vista se fijó para el día 15 de marzo pero fue suspendida y se celebró finalmente el 12 de abril.

Los letrados del Ejecutivo autonómico descartaron en la vista que hubiera segregación administrativa por cuanto no se hizo una reserva de la finca donde se ubica el parador. También consideraron que el Estado "vulneraría el principio de seguridad jurídica" por no inscribir el parador en el Registro de la Propiedad. En cambio, el Estado había advertido del importante precedente que supondría que el parador de Cazorla se convirtiera en el primero de toda España en pertenecer a una comunidad autónoma.

La Junta consideró en su día que los argumentos del Estado eran "forzados, subjetivos y erróneos", e incluso advirtió de que podrían ser calificados de "casi temerarios" al recordar que para llevar a cabo el traspaso de propiedad se celebró una comisión mixta de transferencias entre las dos Administraciones para cerrar el acuerdo.