Yagüe insiste en que todas sus licencias se ajustan a la ley y acusa a la Junta de crear alarmismo

La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, insistió ayer en que no puede empezar ninguna obra de construcción sin que exista un pronunciamiento expreso del Ayuntamiento aún en los casos en los que éste no conteste en el plazo preceptivo de tres meses y, como establece la ley, el permiso se dé por otorgado.

La alcaldesa no desmintió que en 57 casos en los últimos meses, los promotores hayan obtenido licencia por silencio administrativo del Ayuntamiento, pero restó importancia a los efectos que ello tiene. "Por más tiempo que transcurra hasta que el Ayuntamiento se pronuncie ante una solici...

La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, insistió ayer en que no puede empezar ninguna obra de construcción sin que exista un pronunciamiento expreso del Ayuntamiento aún en los casos en los que éste no conteste en el plazo preceptivo de tres meses y, como establece la ley, el permiso se dé por otorgado.

La alcaldesa no desmintió que en 57 casos en los últimos meses, los promotores hayan obtenido licencia por silencio administrativo del Ayuntamiento, pero restó importancia a los efectos que ello tiene. "Por más tiempo que transcurra hasta que el Ayuntamiento se pronuncie ante una solicitud de licencia, por más silencio administrativo que exista, ningún constructor puede construir sin una autorización expresa del Ayuntamiento. Lo contrario iría contra la ley", sostiene Yagüe en un comunicado remitido a EL PAÍS.

El artículo 172 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía estipula con claridad que "la resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses", y que "transcurrido este plazo podrá entenderse, en los términos prescritos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, otorgada la licencia interesada".

Y añade además: "El comienzo de cualquier obra o uso al amparo de ésta requerirá en todo caso comunicación previa al municipio con al menos 10 días de antelación". Según este artículo, son los constructores quienes tienen que comunicar al Consistorio que inician la actuación.

En 23 de los 57 casos, el Ayuntamiento ha emitido pronunciamiento, 17 han sido otorgados y seis denegados, pero según la Junta, "de acuerdo con la ley ese dictamen ya no tiene valor".

La Junta, que ha pedido al Consistorio que le mande información sobre los expedientes, ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía todas estas licencias por la dejación del Ayuntamiento.

Yagüe acusó al delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, de "transmitir una visión alarmista de manera interesada con el afán de ganar protagonismo". "No entiendo de ninguna manera que un representante de la administración andaluza pueda actuar de manera tan irresponsable, tratando de confundir a la opinión pública al transmitir una confrontación entre administraciones".

Yagüe insistió en que la corporación municipal que preside cumple escrupulosamente la legalidad urbanística y que no ha otorgado una sola licencia contraria al PGOU vigente, de 1986. "Le he invitado [a Ruiz Povedano] a que se atreva a impugnar licencias". La Junta asegura que ha impugnado en la vía de lo contencioso cinco licencias de obras otorgadas por el nuevo equipo de gobierno de Marbella, al que ha instado además a incoar más de medio centenar de expedientes por infracciones.