Recurso por Banana Beach
Málaga
La entidad Naviro Inmobiliaria 2000 S.L., promotora de la urbanización Banana Beach de Marbella, ha interpuesto un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha declarado nulas las dos licencias de obras otorgadas por el ayuntamiento marbellí para levantar este complejo.
La sentencia fue fruto de una impugnación contra los acuerdos plenarios que planteó la Consejería de Obras Públicas y contra ella la promotora alega, en su recurso, que la administración regional lo presentó de forma extemporánea.
La entidad ent...
Málaga
La entidad Naviro Inmobiliaria 2000 S.L., promotora de la urbanización Banana Beach de Marbella, ha interpuesto un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha declarado nulas las dos licencias de obras otorgadas por el ayuntamiento marbellí para levantar este complejo.
La sentencia fue fruto de una impugnación contra los acuerdos plenarios que planteó la Consejería de Obras Públicas y contra ella la promotora alega, en su recurso, que la administración regional lo presentó de forma extemporánea.
La entidad entiende además que las licencias fueron concedidas con anterioridad a la publicación del PGOU de Marbella de 1986, el vigente en la actualidad, por lo que defiende su legalidad de esta promoción de 239 viviendas levantadas en una parcela privilegiada, en primera línea de playa, y considerada sistema general de áreas libres con uso para zonas verdes.
Los dos argumentos esgrimidos ahora en este recurso de casación ya fueron planteados por esta promotora ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA para que la impugnación de la Junta fuera considerada inadmisible. Este argumento ya es rebatido por el ponente en su sentencia, al considerar que la impugnación no se presentó fuera de plazo. También se rechaza una segunda causa de inadmisibilidad que planteó la promotora y en la que aseguraba que la licencia fue dada al amparo de la revisión del Plan General de 1986, aprobado por la corporación amparándose en el silencio administrativo.
La sala del tribunal andaluz entiende, sin embargo, que la licencia se otorgó sin someterse a ningún planteamiento vigente. "Y en lógica consecuencia, vulnerando el ordenación jurídica directa e inmediatamente aplicable, por lo que debemos entenderla como contraria a derecho y anularla", concluye la sentencia.