Abandonados en Madrid

En los 17 meses que median entre julio de 2002 y diciembre de 2003 "han sido abandonados en las calles de Madrid 2.838 inmigrantes de origen subsahariano traídos por la fuerza en aviones desde Puerto del Rosario (Fuerteventura)", según denuncia en un informe la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Se trata de inmigrantes llegados en pateras a Canarias e inexpulsables, ya que las autoridades isleñas y las madrileñas ignoran sus países de origen. El Ministerio del Interior los trajo en aviones a Madrid y nada más llegar a la capital y ser registrados en el Centro de Inter...

En los 17 meses que median entre julio de 2002 y diciembre de 2003 "han sido abandonados en las calles de Madrid 2.838 inmigrantes de origen subsahariano traídos por la fuerza en aviones desde Puerto del Rosario (Fuerteventura)", según denuncia en un informe la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Se trata de inmigrantes llegados en pateras a Canarias e inexpulsables, ya que las autoridades isleñas y las madrileñas ignoran sus países de origen. El Ministerio del Interior los trajo en aviones a Madrid y nada más llegar a la capital y ser registrados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Moratalaz (CIE) quedaron en libertad por falta de plazas. "Abandonados en la calle, indocumentados y sin trabajo", según el informe contenido en la memoria de la Fiscalía de Madrid, que dirige Manuel Moix.

A Karibu acuden en demanda de albergue, ropa, alimentos, clases de español y medicinas

Califica de "tremenda hipocresía" y "una inmoralidad" pretender ocultar el problema

La fiscalía descubrió en su día que los inmigrantes -en grupos de 20 o 30- llegaban en aviones (en uno o dos viajes semanales) provistos de resoluciones de jueces de Fuerteventura en las que se daba instrucciones a la policía para que los internasen en un centro de extranjeros. No se indicaba en cuál, y la policía interpretó que valía cualquiera. Los trajo a Madrid.

Dado que existe una instrucción, la 6 / 91 de la Fiscalía General del Estado, en la que se indica que la autoridad gubernativa debe indicar el centro concreto en el que se efectúe el internamiento, se abrieron diligencias. Pero se cerraron al comprobarse que los traslados disponían de autorización judicial y que obedecían a un acuerdo político. El informe de la Fiscalía de Madrid señala que esas resoluciones judiciales constituyen "un claro ejemplo de lo que no debe ser la tutela judicial efectiva".

Los inmigrantes llegados a Madrid en avión quedan libres al instante, dado que el CIE de Moratalaz lleva casi dos años saturado. "Sus 70 plazas siempre están llenas", según el informe.

Mientras se construye un nuevo centro en Carabanchel, la situación se agrava. En 2003, un total de 1.531 inmigrantes fueron traídos desde Puerto del Rosario al amparo de esos autos genéricos. Quedaron abandonados en la calle y espoleados a la delincuencia para subsistir, según el autor del informe, Pedro Martínez, teniente fiscal de Madrid y coordinador del área de Extranjeros de la Fiscalía.

El año pasado desde el CIE de Moratalaz se procedió a la expulsión de 814 inmigrantes. Una cifra que representa la mitad del total de subsaharianos traídos desde Fuerteventura. Y los traslados continúan. Este fin de semana, según fuentes de Extranjería, llegó de Canarias otro avión cargado de inmigrantes indocumentados.

Martínez califica de "tremenda hipocresía y una inmoralidad el pretender ocultar este problema". "Estos hombres y mujeres", indica el segundo jefe de la Fiscalía de Madrid, "quedan desprovistos de identidad y sin posibilidad de trabajar legalmente ni de residir, y tampoco pueden ser expulsados, porque se ignora su país se origen. Ya en Madrid, lo único que les queda son sus cuerpos o su fuerza de trabajo, y algunos sobreviven dedicándose a la delincuencia". "Es una humillación intolerable y repercute negativamente en la seguridad y en la convivencia de los madrileños", apostilla.

La asociación Karibu, que ayuda a estos inmigrantes, se muestra "muy preocupada" con la situación en que "la Administración" deja a estos extranjeros. Por ello ha elevado un informe, en forma de denuncia, al Defensor del Pueblo, al Ayuntamiento de Madrid y a la Subdelegación del Gobierno. "Este colectivo es el mas desprotegido y el que menos posibilidades tiene para poder sobrevivir", explica el padre Antonio Díaz Freijo, portavoz de Karibu.

Karibu destaca que la mayoría de los subsaharianos "abandonados" en Madrid tienen entre 18 y 30 años. Sólo entre el 1 de enero y el 3 de mayo de este año se inscribieron en esta asociación 652 personas. El informe pone de manifiesto las difíciles condiciones de vida a las que se ven abocados al llegar a la capital de España. "Llegan a la asociación totalmente indocumentados. Únicamente portan un certificado acreditativo de la permanencia en el centro de El Matorral, en Fuerteventura". Pero no saben que, tras abandonar Canarias con destino a Madrid, se dictó contra ellos "una orden de expulsión de la Subdelegación de Gobierno de Las Palmas, sin que quede claro cuál ha sido el procedimiento sancionador seguido".

Una vez en Madrid, son inscritos en un programa de la Cruz Roja, y pasan a un centro de acogida o a un hostal para dormir. La estancia en albergues o centros de acogida es siempre temporal. "Todos o casi todos, unos antes y otros después, terminan en la calle, sin un lugar donde dormir". Acuden a los comedores sociales. A unos se les da una tarjeta temporal, otros tienen que presentarse en la cola. Si no hay comida para todos, se les dan bocadillos.

Suelen reunirse en Cuatro Caminos, entre el parque Santander, Canal de Isabel II y las calles que discurren hacia la zona de los colegios mayores y la Ciudad Universitaria. Allí subsisten con las propinas que les dan automovilistas por señalarles un aparcamiento libre.

A Karibu acuden en demanda de albergue, ropa y alimentos; y si lo precisan, se les da asistencia médica. Se les facilita también un curso de Lengua Española, aunque no todos asisten a clase por carecer de recursos para el transporte.

Además, reciben asesoramiento jurídico sobre las posibilidades que tienen, casi ninguna, de obtener documentación, permiso de residencia y trabajo. Desesperados, muchos acaban siendo víctimas de los engaños de las redes de explotación, que les prometen papeles a cambio de dinero. Al final, llegan a la desesperación, al no percibir ninguna posibilidad de obtener la documentación que les permitiría trabajar sin ser explotados y obtener el permiso de residencia.

La situación de desprotección en que se encuentran es total, según Karibu. Han sido traídos de las islas o han llegado del sur de España, y se encuentran absolutamente sin nada, sin lo más elemental que necesita un ser humano.

Últimamente a muchos de ellos se les ve pidiendo limosna en la calle. Y cada vez hay más casos de problemas de salud mental. Karibu cree que desde la Administración no se está dando una respuesta adecuada al problema. "Llegaron en pateras, se les trajo en avión a Madrid y aquí están. Estas personas deben tener derecho a poder vivir dignamente y a tener su oportunidad de poder realizarse como seres humanos", enfatiza Díaz Freijo.