Vecinos de la costa de Orihuela denuncian que se les obliga a pagar vigilancia privada en zona pública
Propietarios de viviendas en la zona de la costa de Orihuela conocida como Dehesa de Campoamor -un espacio que incluye 45.000 viviendas- denuncian la supuesta ilegalidad de un servicio de vigilancia privada, que ronda los 400.000 euros anuales, pese a que se trata de un área abierta y de uso público. El Ayuntamiento, que ha ya asumido todos los servicios de la macro urbanización, ampara la iniciativa porque cuenta con el respaldo de la junta general de propietarios. El presidente de la urbanización, Pedro García, también se escuda en ese dato y en el beneplácito de la Subdelegación del Gobiern...
Propietarios de viviendas en la zona de la costa de Orihuela conocida como Dehesa de Campoamor -un espacio que incluye 45.000 viviendas- denuncian la supuesta ilegalidad de un servicio de vigilancia privada, que ronda los 400.000 euros anuales, pese a que se trata de un área abierta y de uso público. El Ayuntamiento, que ha ya asumido todos los servicios de la macro urbanización, ampara la iniciativa porque cuenta con el respaldo de la junta general de propietarios. El presidente de la urbanización, Pedro García, también se escuda en ese dato y en el beneplácito de la Subdelegación del Gobierno para justificar la medida.
Los propietarios que se oponen a la medida -un 40% de los mismos, según los denunciantes, y un 20%, para el presidente de la urbanización- aseguran que ese tramo del litoral oriolano es a todos los efectos "vía pública", con múltiples servicios públicos -centro médico de la seguridad social, farmacia, supermercado, entre otros-. Además, este grupo de propietarios sostiene que el servicio lo contrata la entidad Urbanización Dehesa de Campoamor, ente tutelado por el Ayuntamiento de Orihuela, cuyo objeto social concluyó, de acuerdo a sus estatutos y reglamento de Gestiones Urbanísticas, el 31 de diciembre de 1997, cuando el Ayuntamiento asumió los servicios y el cobro de impuestos.
Los denunciantes acusan a la entidad y al administrador de "oscurantismo" a la hora de informar a los propietarios del servicio de vigilancia, que para este año se ha presupuestado en 396.000 euros. "A muchos vecinos les amenazan con demandas, si no pagan", dice uno de ellos que prefiere mantenerse en el anonimato. A su entender, el servicio de vigilancia es un claro ejemplo de "duplicidad" de impuestos y denuncian la pasividad de la Administración, tanto local como central, que, hasta ahora no se ha hecho eco de sus demandas ni ha paralizado la iniciativa.
El presidente de la entidad justifica la legalidad y necesidad de la medida. García sostiene que el entorno es un espacio cerrado y que la entidad mantiene su vigencia jurídica. Mientras, José Antonio Aniorte, concejal del Ayuntamiento del Orihuela, no pone reparos a la vigilancia privada, "ya que es una decisión de la junta general de propietarios".