Reformas paralelas

El Gobierno de la Generalitat ha renunciado a elaborar su propio proyecto articulado para la reforma del Estatuto de Autonomía. "Eso le corresponde al Parlamento", declaró la semana pasada el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, que es el encargado de impulsar la reforma desde el Gobierno.

Pero eso no significa que el Gobierno de Pasqual Maragall renuncie a tener "posición propia" sobre la reforma y sobre cada uno de sus puntos concretos. Esta posición propia será fijada con el concurso de una comisión de expertos integrada por juristas especializados. Esta comisión está...

El Gobierno de la Generalitat ha renunciado a elaborar su propio proyecto articulado para la reforma del Estatuto de Autonomía. "Eso le corresponde al Parlamento", declaró la semana pasada el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, que es el encargado de impulsar la reforma desde el Gobierno.

Pero eso no significa que el Gobierno de Pasqual Maragall renuncie a tener "posición propia" sobre la reforma y sobre cada uno de sus puntos concretos. Esta posición propia será fijada con el concurso de una comisión de expertos integrada por juristas especializados. Esta comisión está coordinada por el catedrático de Ciencia Política Miquel Caminal, e integrada por Joaquim Ferret, catedrático de Derecho Administrativo; Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política; Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional; Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política, y Manuel Gerpe, catedrático de Derecho Constitucional. A sus sesiones de trabajo, que ya han comenzado, asisten también como representantes del Gobierno catalán, el director del Instituto de Estudios Autonómicos, Carles Viver Pi-Sunyer, y el director del Gabinete Jurídico Central de la Generalitat, Jaume Galofré.

La idea de Saura es que la mejora del autogobierno no depende sólo del Estatuto. Por eso quiere enviar a las Cortes, junto con la propuesta de reforma del Estatuto, un segundo paquete con la propuesta de reforma de leyes orgánicas como la del Tribunal Constitucional, la del Poder Judicial y de las numerosas leyes de bases que han recortado las competencias de las comunidades autónomas.