Garzón imputa a un ex directivo de Azkoyen el pago de más de 222.000 euros a ETA

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha constatado que un ex directivo de la empresa navarra Azkoyen, Jesús Marcos Calahorra Muñoz, pagó a ETA en noviembre de 2001 más de 222.000 euros en concepto de impuesto revolucionario "por orden del consejo de administración", según un auto del juez. Ayer lo puso en libertad tras pagar una fianza de 20.000 euros. Agentes de la policía detuvieron también ayer al profesor de la Universidad del País Vasco (UPV) Alfonso Martínez Lizarduikoa en San Sebastián por su presunta relación con la red de extorsión. El juez investiga si el arrestado...

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha constatado que un ex directivo de la empresa navarra Azkoyen, Jesús Marcos Calahorra Muñoz, pagó a ETA en noviembre de 2001 más de 222.000 euros en concepto de impuesto revolucionario "por orden del consejo de administración", según un auto del juez. Ayer lo puso en libertad tras pagar una fianza de 20.000 euros. Agentes de la policía detuvieron también ayer al profesor de la Universidad del País Vasco (UPV) Alfonso Martínez Lizarduikoa en San Sebastián por su presunta relación con la red de extorsión. El juez investiga si el arrestado pudo haber realizado tareas de "mediación" .

Tras conocerse la decisión de Garzón, la empresa Azkoyen emitió un comunicado anoche en el que informa de que el presidente de su consejo de administración, Miguel Iraburu, ha dado instrucciones para "el cese inmediato" de Calahorra "en todas sus funciones y responsabilidades en la compañía". Azkoyen recalca que tomará "cuantas medidas sean procedentes" cuando concluya la "auditoría externa extraordinaria" que ha encargado sobre "los presuntos hechos que han motivado las diligencias judiciales".

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama del pago del denominado impuesto revolucionario a ETA ha tomado declaración ya a varios empresarios. El magistrado ha utilizado para desmadejar la red listados de supuestos pagos de empresarios intervenidos por la policía francesa a miembros de la banda terrorista, entre ellos al ex responsable militar Juan Antonio Olarra Guridi.

Una de las empresas investigadas por el juez es Azkoyen, una firma navarra de máquinas expendedoras que suspendió hace dos semanas su cotización en Bolsa al trascender que estaba siendo investigada. El entonces presidente de la firma, Juan Félix Iriondo, tras una reunión de urgencia del consejo de administración, remitió una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que se señalaba que, "de ser ciertos", los pagos habrían sido realizados por personas que, con independencia de su vinculación con la sociedad, habrían actuado por su cuenta y bajo su responsabilidad". Ese mismo día, 20 de marzo, Iriondo ya aseguraba, en función de la "información disponible a partir de la investigación policial", que "el montante total de lo desembolsado no superaría los 40 millones de pesetas". Ya ese día, dos consejeros dimitieron porque las explicaciones de Iriondo no fueron satisfactorias.

El pasado 22 de marzo, Azkoyen cotizaba de nuevo en Bolsa tras la remodelación total de su consejo de administración, que pasaba a ser presidido por Miguel Irabaru. Ayer mismo, Baltasar Garzón dejó en libertad bajo fianza de 20.000 euros a Jesús Marcos Calahorra Muñoz, ex jefe de administración de la empresa Azkoyen, a quien acusa de haber pagado en noviembre de 2001 un total de 37 millones de pesetas (más de 222.000 euros) a miembros de ETA en la localidad francesa de Vert. Calahorra, según el auto del juez, transportó el dinero en un vehículo el "25 o 26 de noviembre de 2001" y, "en las inmediaciones de la iglesia del pueblo, contactó con dos personas no identificadas de la organización terrorista ETA a las que hizo entrega" del dinero.

Según consta en el auto dictado ayer por el magistrado, Calahorra -quien recibió "en reconocimiento a sus servicios 6.000 euros"- actuó por orden del consejo de administración de la entidad navarra. Por ello, el juez afirma en la resolución que "sin perjuicio de la responsabilidad en la que han podido incurrir los miembros del consejo", Calahorra pudo cometer un delito de allegamiento de fondos a organización terrorista.

Garzón le imputa este delito "por cuanto Jesús Marcos Calahorra Muñoz, cumpliendo una orden del consejo de administración de Azkoyen manifiestamente ilegal, en el sentido de que se refería a la distracción de fondos de la entidad para un fin ilícito, registrando la partida contablemente con lo cual quedaba oculta la verdadera finalidad, hizo entrega de 37 millones, consciente del destino de los mismos y sin que exista una situación que le compeliera a obedecer una orden de aquel tipo".

El auto recoge una comunicación entre ETA y Otsagi (Olarra, según la policía), intervenida en 2001, en la que se dice textualmente que Azkoyen había liquidado "la deuda que tenía con nosotros".

Dentro de las investigaciones de Garzón se encuadra también la detención, ayer, de Alfonso Martínez de Lizarduikoa junto a su casa, en San Sebastián. El arresto se produjo cuando Martínez, profesor de Filosofía de la Ciencia, regresaba de impartir clase en el campus de Ibaeta. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron por la tarde su domicilio en presencia del detenido.

Según fuentes jurídicas, Martínez pudo haber realizado tareas de "mediación por parte de los terroristas con los extorsionados". La ilegalizada Batasuna se preguntó si el arresto no será "la bienvenida" que el PSOE quiere dar "a los vascos". "Si escoge el camino de la represión no llegará a la solución del conflicto", dijo.