Reportaje:

La Audiencia de las bofetadas

Una separación conyugal provoca la condena del presidente de Ávila y de un fiscal e inunda los juzgados de denuncias

La ruptura del matrimonio entre una juez y un fiscal ha degenerado en un pandemónium de querellas cruzadas entre magistrados y fiscales, persecuciones, denuncias y desfiles por la comisaría, una condena por insultos entre un presidente de Audiencia y un fiscal ex cuñado suyo y una Junta de Jueces que ha recomendado a un magistrado que reclame el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tal es la situación de la Audiencia de Ávila, una de las más pequeñas de España y, a lo que parece, la más conflictiva de todo el orbe judicial.

Según se desprende del acta de la Junta de Jue...

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La ruptura del matrimonio entre una juez y un fiscal ha degenerado en un pandemónium de querellas cruzadas entre magistrados y fiscales, persecuciones, denuncias y desfiles por la comisaría, una condena por insultos entre un presidente de Audiencia y un fiscal ex cuñado suyo y una Junta de Jueces que ha recomendado a un magistrado que reclame el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tal es la situación de la Audiencia de Ávila, una de las más pequeñas de España y, a lo que parece, la más conflictiva de todo el orbe judicial.

Según se desprende del acta de la Junta de Jueces de Ávila celebrada el pasado día 17, todo empezó con la separación del matrimonio de la juez María José Villalaín y el fiscal Francisco Moreno, lo que provocó las habituales disputas por la custodia de un hijo del matrimonio, de corta edad.

Aunque la juez y el fiscal residían en Málaga, a resultas del conflicto la juez obtuvo el traslado a una plaza vacante en Segovia. Pero en vez de residir en esa localidad, se trasladó a vivir a la residencia oficial que su hermano, Emilio Villalaín, tiene en el Palacio de Justicia de Ávila, como presidente de la Audiencia Provincial.

El contencioso conyugal se trasladó así a Ávila, donde al poco de llegar, la juez presentó una demanda solicitando una serie de medidas que, según el acta judicial, en la práctica suponían una modificación de las dictadas por el juzgado de familia de Málaga que había iniciado el proceso de separación. Sin embargo, la juez número 1 de Ávila, Ana Cantos, no vio claro el asunto, rechazó las medidas y archivó el caso.

Esta decisión provocó a su vez que el presidente de la Audiencia denunciase a la juez Cantos ante el CGPJ y el Tribunal Superior de Castilla y León pero sin resultados, ya que las denuncias fueron archivadas.

La crisis subió de punto cuando la juez Villalaín se negó presuntamente a entregar el niño a su padre un fin de semana que a éste le correspondía. El padre y fiscal Francisco Moreno acudió a la Policía, pero no pudo conseguir la entrega del menor. Moreno presentó otra denuncia contra su ex esposa, que se tramita en la actualidad.

Entretanto, las denuncias cruzadas entre los ex cónyuges se fueron multiplicando por los juzgados de Ávila, obligando a intervenir a los jueces un fin de semana sí y otro también. Por fin, en una de tales entregas, el presidente de la Audiencia, Emilio Villalaín y el fiscal Francisco Moreno llegaron a las manos entre insultos y empujones, terminando todos otra vez en dependencias policiales y denunciándose.

El incidente le volvió a tocar a la juez Cantos, que celebró juicio de faltas por injurias y, salomónicamente, condenó tanto al fiscal como al presidente.

A partir de ahí, la tensión institucional provocó que la juez Cantos acabase dejando su plaza para irse a un juzgado cercano a Madrid, lo que no le evitó una nueva denuncia del presidente Villalaín, que resultó también archivada. Sin embargo, su sentencia condenatoria fue confirmada por un magistrado de Salamanca designado para la ocasión, ya que todos los de Ávila tuvieron que abstenerse.

El pasado día 10, la hermana del presidente presentó una nueva denuncia contra su ex marido y solicitó una orden de protección frente a la violencia de género. Al día siguiente, el juez número 3, Antonio Dueñas, denegó la orden de protección. En vez de recurrir, la hermana del presidente exigió una copia de la resolución, a fin de presentar una querella por prevaricación contra el juez que había fallado en su contra.

El magistrado Antonio Dueñas informó de lo sucedido en la Junta de Jueces de Ávila convocada el pasado día 17. Tras las pertinentes deliberaciones, la Junta acordó "apoyar sin reservas" al juez Dueñas y expresar su "honda preocupación" por la situación, que según el acta redactada por los jueces, puede provocar una "abstención en cadena" de todos aquéllos a quienes les toque conocer de los asuntos del matrimonio.

Además, la Junta ha "recomendado" al juez Dueñas que solicite el amparo del Consejo del Poder Judicial, al tiempo que ha acordado poner los hechos en conocimiento del Tribunal Superior de Castilla y León y del CGPJ. Uno de los ocho jueces de la junta formuló un voto discrepante a los acuerdos, y la juez que sustituyó a Ana Cantos hizo algunas reservas por su desconocimiento de los hechos.

A requerimiento de este periódico, el magistrado Emilio Villalaín declinó comentar el contenido del acta de la Junta de Jueces: "No voy a comentar un acuerdo de una junta en la que se habla de mi familia y que no conozco porque no me lo han notificado", manifestó.

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