Peritos confirman el desfalco de al menos 7,5 millones en Sol y Arena
La comunidad de regantes almeriense cuenta con 4.000 miembros
La Comunidad de Regantes Sol y Arena, una de las más importantes del Poniente almeriense con unos 4.000 regantes, tuvo un desfalco de al menos 7,5 millones de euros en las obras de regadío encargadas a finales de los noventa por su anterior junta directiva. Un informe de la auditoría judicial revela que el gasto de las obras de regadío se incrementó en tuberías en un 315% por encima del precio comparativo con proveedores.
El juez ha decretado el procedimiento abreviado del caso para encausar al anterior presidente de la Comunidad, Pedro Mena, y al administrador de la empresa constructor...
La Comunidad de Regantes Sol y Arena, una de las más importantes del Poniente almeriense con unos 4.000 regantes, tuvo un desfalco de al menos 7,5 millones de euros en las obras de regadío encargadas a finales de los noventa por su anterior junta directiva. Un informe de la auditoría judicial revela que el gasto de las obras de regadío se incrementó en tuberías en un 315% por encima del precio comparativo con proveedores.
El juez ha decretado el procedimiento abreviado del caso para encausar al anterior presidente de la Comunidad, Pedro Mena, y al administrador de la empresa constructora Tecnirriegos, SA, Santiago Penichet, adjudicataria de las obras. El informe es fruto de las diligencias previas a la causa contra Mena y Penichet a tenor de la querella que por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y malversación de fondos interpuso la Plataforma para la Democratización de Sol y Arena.
El líder de la plataforma y actual presidente de Sol y Arena, Juan Romero, explicó que hubo un inflamiento de precios de hasta un 315% en los materiales. "Hemos recibido muchas críticas relacionadas con que las denuncias que se hacían eran cortinas de humo. Esto demuestra que las denuncias de la plataforma estaban sustentadas y la necesidad de investigar este tipo de situaciones", dijo Romero.
El informe, elaborado por cuatro auditores independientes, informa al juez de que la contabilidad de Tecnirriegos refleja movimientos de efectivo de una forma "poco clara" con la utilización de varias cuentas que dan idea de trasvases de fondos entre las diferentes cuentas de caja sin que se ingresen a través de las entidades de crédito. También se detectan servicios de transporte contabilizados por la empresa y supuestamente pagados que han sido considerados por la inspección como servicios inexistentes.
Entre las conclusiones más relevantes, los peritos observan "falta de detalle" de las relaciones valoradas de las obras del Sector IV y Sector III que afectaban a los municipios de Vícar, La Mojonera, Roquetas de Mar y El Ejido. Igualmente, los peritos constatan diferencias "significativas" entre los importes certificados y los precios de referencia obligatorios cuyo montante asciende a casi 198.000 euros, así como diferencias entre los importes certificados y los precios de referencia en los presupuestos aprobados por un montante de 114.000 euros.
En la actualidad, los regantes pagan el montante de las obras acometidas y que fueron cofinanciadas con fondos provenientes de la UE -cuyos presupuestos iniciales ascendían a 18 y 12 millones de euros, y de los que el 40% correspondía a la Junta y el 60% a los comuneros- tras un auto judicial que establecía el cobro mediante el aumento de la cuota de agua.