Gallardón sólo admite que la oposición esté informada si no resta "eficacia" al Consistorio

Las portavoces municipales del PSOE, Trinidad Jiménez, e IU, Inés Sabanés, van a consensuar un documento conjunto alternativo al borrador de reglamento de pleno que les entregó el PP hace días. Ambas consideran que los populares introducen cortapisas "ilegales" a la labor de la oposición, como el artículo que dice que los grupos tienen derecho a obtener información "si eso no lesiona la eficacia administrativa".

Jiménez y Sabanés comparecieron juntas ayer para presentar las líneas maestras de lo que será su propuesta de reglamento para el pleno municipal. El PP les entregó la semana pas...

Las portavoces municipales del PSOE, Trinidad Jiménez, e IU, Inés Sabanés, van a consensuar un documento conjunto alternativo al borrador de reglamento de pleno que les entregó el PP hace días. Ambas consideran que los populares introducen cortapisas "ilegales" a la labor de la oposición, como el artículo que dice que los grupos tienen derecho a obtener información "si eso no lesiona la eficacia administrativa".

Jiménez y Sabanés comparecieron juntas ayer para presentar las líneas maestras de lo que será su propuesta de reglamento para el pleno municipal. El PP les entregó la semana pasada su borrador, y les invitó a "mejorarlo" para que el resultado final sea un documento "consensuado". El Ayuntamiento está obligado a dotarse, antes de seis meses, de un reglamento que adapte el funcionamiento del pleno municipal a la nueva Ley de Grandes Ciudades, en vigor desde el 1 de enero de este año.

Las dos portavoces coincidieron en que ese primer borrador invita a todo menos al consenso. "Sólo desarrolla restricciones, es una burla a la oposición", protestó Sabanés. Jiménez subrayó que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, sólo ha aprovechado de esa nueva ley los aspectos que aumentan las competencias del ejecutivo, pero no ha ampliado paralelamente las posibilidades de control y fiscalización de los grupos de oposición: "Es más, las ha reducido".

Ambas concejales pusieron como ejemplo de "ilegalidad" uno de los puntos del borrador con los que el PP trata, a su juicio, de amordazar la labor de control de PSOE e IU. Se trata del artículo en el que se reconoce que todos los grupos tienen derecho a obtener información sobre las decisiones de la corporación, pero pone una condición: "Que ese derecho no suponga lesión al principio de eficacia administrativa".

40.000 expedientes

Sabanés opinó que ésa es una apreciación arbitraria que "carece de base legal en este momento"

porque, entre otras cosas, no está recogida en la Ley de Grandes Ciudades. Y Trinidad Jiménez lo ilustró con datos: "El Ayuntamiento tramita 40.000 expedientes al mes, y nosotros solicitamos ver aproximadamente un dos por diez mil de esa cantidad. No parece que eso pueda entorpecer mucho la eficacia administrativa".

La edil socialista criticó también que, si sale adelante la propuesta de reglamento del PP, para crear una comisión de investigación será necesario contar con mayoría absoluta en el pleno. En la Asamblea esa regla es mucho más flexible y beneficiosa para la oposición: basta con dos quintos de la Cámara. Una flexibilidad que no rige en ninguna otra región, "tampoco en las gobernadas por el PSOE", se limitó a replicar ayer el vicealcalde, Manuel Cobo.

Jiménez y Sabanés rechazan asimismo la limitación que ponen los populares al número de iniciativas que puede plantear un mismo grupo en cada pleno (el PP propone que sea un máximo de seis, el doble que en Barcelona) y piden que el reglamento no se "trocee", sino que el mismo documento regule el funcionamiento del pleno, de las juntas de distrito y de diversas comisiones. El PSOE pide, además, que haya dos plenos cada mes: uno de gestión y otro el de control al ejecutivo.