El delegado de la Zona Franca supera el límite legal de participación en consejos de administración

Osuna está en órganos de gobierno de seis firmas, cuando la ley sólo le permite asistir a dos

El delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna (PP), figura como presidente, consejero delegado o consejero de al menos cinco empresas públicas propiedad del recinto fiscal gaditano o sociedades privadas participadas por la Zona Franca, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Asimismo, Osuna ha estado cobrando por la asistencia al consejo de administración de Quality Food, una empresa privada. La normativa aplicable a altos cargos limita la participación máxima a dos consejos de firmas públicas e impide la vinculación con empresas privadas.

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El delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna (PP), figura como presidente, consejero delegado o consejero de al menos cinco empresas públicas propiedad del recinto fiscal gaditano o sociedades privadas participadas por la Zona Franca, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Asimismo, Osuna ha estado cobrando por la asistencia al consejo de administración de Quality Food, una empresa privada. La normativa aplicable a altos cargos limita la participación máxima a dos consejos de firmas públicas e impide la vinculación con empresas privadas.

La Ley 12/95 sobre incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración General del Estado limita a los afectados en su artículo 3 a estar en "un máximo" de dos consejos de administración de empresas públicas. El artículo 4 le impide participar en empresas privadas salvo para gestionar su patrimonio personal, que sean sociedades sin ánimo de lucro o con fines artísticos. Por último, el artículo 2 de este Ley afirma textualmente que los altos cargos no podrán percibir remuneraciones "que directa o indirectamente provengan de una actividad privada".

Miguel Osuna, que, según el Ministerio de Administraciones Públicas, es un alto cargo nombrado directamente por el ministro de Hacienda, Rodrigo Rato, podría estar vulnerando tres artículos de esta ley, porque participa en cinco consejos de empresas públicas, pertenece a una empresa privada, Quality Food, y está cobrando por la asistencia al consejo de administración de esta última sociedad.

Según aparece detallado en el Registro de Entidades Mercantiles que ha consultado este periódico en el servidor de información mercantil Infotel, Miguel Osuna participa con altas responsabilidades en cinco empresas que son propiedad de la Zona Franca. Osuna es el presidente y consejero delegado de Sociedad General de las Bahías de Algeciras y Cádiz S.A. (SOGEBAC) desde el 2 de julio de 2001. Esta empresa, cuyo socio único es la Zona Franca, tiene como objeto social la rehabilitación, reforma, mantenimiento y explotación de bienes inmuebles, así como su edificación, promoción y venta. El delegado de la Zona Franca es además desde el 19 de noviembre de 2001 el presidente y desde el 11 de julio de 2003 uno de los apoderados de Parque Comercial Las Salinas S.A. -dedicado a la promoción de parques comerciales-; preside también Servicios Documentales de Andalucía S.L -encargada de la guardia y custodia de fondos documentales- desde el 31 de julio de 2002, e Inmobiliaria Zona Franca de Cádiz S.L. desde el 14 de febrero de 2002. Esta última sociedad, dedicada a la promoción inmobiliaria y de suelos industriales, construye el polígono industrial que auspicia el Gobierno central en Barbate y está a cargo de la remodelación del estadio Carranza de Cádiz. El delegado fue nombrado también presidente de Red Iberoamericana de Logística y Comercio S.A. (RILCO), dedicada al comercio exterior, el 4 de julio de 2001.

Asimismo, Osuna participa desde el 18 de enero de 2002 como consejero en Quality Food, una empresa privada afincada en la Zona Franca. Recientemente, el recinto fiscal ha adquirido la mayoría del accionario de una empresa dedicada a los servicios de alimentación y catering y sobre la que pesan numerosas denuncias de irregularidades. Osuna cobra 1.500 euros por cada uno de los 12 consejos anuales de Quality Food, según confirmaron fuentes de esta sociedad.

Ni el PP de Cádiz ni Zona Franca quisieron contestar a las preguntas de este periódico sobre el asunto.

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