El TSJ aplaza la decisión sobre la legalidad del palacio en el Benacantil

El tribunal acumula todos los recursos contra el proyecto del PP de construir en el monte

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana acordó ayer acumular los diversos recursos planteados al proyecto del PP de Alicante de construir un palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil, hito del patrimonio de la ciudad que corona la fortaleza del castillo de Santa Bárbara. El auto aplaza la decisión del alto tribunal sobre la legalidad o no de la iniciativa que persigue, sin éxito, desde hace dos mandatos, el alcalde, Luis Díaz Alperi.

El equipo de gobierno municipal, en manos del PP con mayoría absoluta, la oposición -PSPV y EU- y el colectivo cívic...

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana acordó ayer acumular los diversos recursos planteados al proyecto del PP de Alicante de construir un palacio de congresos en la ladera del monte Benacantil, hito del patrimonio de la ciudad que corona la fortaleza del castillo de Santa Bárbara. El auto aplaza la decisión del alto tribunal sobre la legalidad o no de la iniciativa que persigue, sin éxito, desde hace dos mandatos, el alcalde, Luis Díaz Alperi.

El equipo de gobierno municipal, en manos del PP con mayoría absoluta, la oposición -PSPV y EU- y el colectivo cívico Salvem el Benacantil esperaban desde hace unos días la decisión del máximo tribunal en torno a unos de los proyectos emblemáticos del alcalde Díaz Alperi: levantar un palacio de congresos en la ladera del Monte Benacantil. Sin embargo, el fallo del TSJ no satistifizo ni a unos ni otros, al no entrar en el fondo del asunto y resolver únicamente un extremo de forma. El proyecto del palacio de congresos en la ladera del Benacantil ni prospera ni retrocede, simplemente sigue cautelarmente en suspenso en virtud de un auto del TSJ de marzo de 2002.

El fallo de La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de ayer acordó acumular los tres recursos presentados contra el proyecto en una sola causa. En el apartado de fundamentos jurídicos la sala estima que al existir distintos recursos contra el proyecto y "una conexión" directa entre la impugnación y los temas debatidos por el pleno "se estima necesario suspender el señalamiento y oír a las partes en un plazo de cinco días acerca si procede su acumulación".

Los recursos a la iniciativa del PP presentan dos vertientes: de un lado, al acuerdo del pleno del Ayuntamiento de construir en el monte; y, por otro, al Plan Especial de Protección del Entorno del Castillo de Santa Bárbara. El PSPV y EU y la plataforma Salvem el Benacantil recurrieron el primer acuerdo plenario y en marzo de 2002 el TSJ dictó auto de suspensión cautelar de cualquier tipo de obra en el área de influencia de la fortaleza, catalogada como Bien de Interés Cultural.

El tribunal supeditó el levantamiento de la suspensión a un Plan Especial de Protección del Entorno del Castillo de Santa Bárbara. El PP, igualmente en solitario, aprobó ese plan en septiembre de 2003. El documento incluye urbanizar en el área de la cornisa de San Antón -ladera noroeste del monte- y construir en esta zona el palacio. La oposición y Salvem el Bancantil también han presentado un recurso contencioso contra el plan. Este segundo recurso es el que ha propiciado ahora que el TSJ proponga acumular al primero.

Ángel Franco, secretario general del PSPV de Alicante y concejal, calificó ayer como "correcto" el auto del TSJ. "Desde del punto de vista del proceso jurídico es lo correcto", dijo. "Nosotros no tenemos nada que objetar a la acumulación de los recursos", dijo. Franco subrayó que, según él, lo esencial es que el TSJ mantiene la suspensión cautelar de ejecutar cualquier obra en el entorno del castillo de Santa Bárbara. "El PP y el alcalde Alperi, lo que tiene que hacer de una vez por todas es desistir de su idea y buscar una ubicación alternativa", argumentó. El edil socialista descartó que la decisión del TSJ beneficie indirectamente a los intereses del PP. La reforma de la Ley General de Patrimonio de la Comunidad que propugna el PP -el documento todavía no ha sido ratificado por la Cortes Valencianas- vendría a legalizar, según sostienen los socialistas, iniciativas como la construcción del palacio de congresos en el Benacantil. "Si es así, recurriremos a instancias superiores, porque se estaría vulnerando la ley de patrimonio del Estado", subrayó.

Más directo fue Francisco Huesca, portavoz de la Plataforma Salvem el Benacantil. "El auto del TSJ ha sido un nuevo jarro de agua fría", dijo. "La decisión encierra un claro trasfondo político por motivos electorales", añadió. Huesca instó a los tribunales a pronunciarse con "urgencia" sobre la legalidad del palacio, "aunque la resolución nos sea contraria", precisó.

El equipo de gobierno municipal declinó comentar el auto alegando que la sala aún no le había dado traslado del mismo.

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