Una pugna sindical en la CAM tensa la renovación de sus cargos
Guerra sindical en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La porción asignada a los representantes de los trabajadores en los órganos de dirección de la entidad alicantina es escasa, pero suficiente para crear tensión en la recta final de su proceso de renovación parcial, que concluye el lunes próximo con las votaciones de la Asamblea General. La plantilla de la CAM está formada por 5.800 trabajadores.
Esta vez hay acuerdo político. PP y PSPV sellaron un pacto para renovar la mitad de los cargos de la caja. No se vislumbran complicaciones en la elección de las personas que represent...
Guerra sindical en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La porción asignada a los representantes de los trabajadores en los órganos de dirección de la entidad alicantina es escasa, pero suficiente para crear tensión en la recta final de su proceso de renovación parcial, que concluye el lunes próximo con las votaciones de la Asamblea General. La plantilla de la CAM está formada por 5.800 trabajadores.
Esta vez hay acuerdo político. PP y PSPV sellaron un pacto para renovar la mitad de los cargos de la caja. No se vislumbran complicaciones en la elección de las personas que representarán a los impositores, y tampoco en los elegidos por las entidades fundadoras. Los sindicatos, en cambio, han protagonizado el proceso en su recta final. UGT, sindicato mayoritario en la CAM, denunció ayer una maniobra de sus socios CSICA y CGT para restarles su representación en la dirección de la entidad. De esa maniobra, según Juan Galipienso, actual consejero en la CAM por la UGT, está "perfectamente informado el PP y el presidente del consejo territorial de la entidad en Alicante, Armando Sala". Galipienso reclamó ayer la implicación de la dirección general de la CAM en el litigio sindical. Según la sección de la UGT en la caja de ahorros, CSICA y CGT han roto un pacto sellado por escrito el pasado noviembre para restar representación al sindicato mayoritario.
UGT denunció ayer una maniobra de CSICA y CGT para restarle representación
Esa ruptura, según el ugetista Luis Prats, se hubiera evitado si la CAM, en la última reforma estatutaria, hubiera actuado como Bancaixa, que aumentó a 13 el número de representantes en su Comisión de Control.
A efectos prácticos, con la ruptura sindical, UGT pierde ahora a un miembro en la comisión de control y, en un futuro, a su único representante en el consejo de administración. UGT considera "insostenible" que una organización como CSICA, que tiene un 10% de la representación sindical en la CAM, se adueñe de la vacante que queda en la Comisión de Control.
Parte importante de esta batalla sindical es la CGT (20% de representatividad), que podría entrar a formar parte por primera vez en su historia en los órganos de gobierno de la CAM. Para ello ha roto el pacto con UGT y se ha aliado con CSICA y SICAM -sindicato escindido de CSICA en proceso de acercamiento a su matriz.
En el plano político hay tranquilidad. Antonio Gil-Terrón, presidente del Consejo Territorial de Valencia continuará en el cargo tres años más. También sigue Luis Esteban, comodín del PP en Alicante. A propuesta del PSPV entra el empresario de Novelda Jesús Navarro, dueño de La Carmencita. El PSPV también incorpora en el consejo a Óscar Estrada, un psicólogo de San Joan d'Alacant y a la murciana Raquel Páez. Los socialistas han permitido que Luis Esteban, al que recientemente pidieron su dimisión, siga en el cargo. Pedro Hernández abandona el consejo de administración y se incorporará a la comisión de control.
El PP ha propuesto para el consejo de administración a Juan Espinar, director territorial en Alicante de la Consejería de Educación. Elia Rodríguez, Natalia Ferrando y José Antonio Sáez se incorporan al consejo por el cupo de los impositores.
Con todo, la CAM afronta uno de los procesos de renovación más tranquilos de su historia reciente. Su presidente, Vicente Sala, y dos de sus vicepresidentes, Francisco Javier Guillamón (Murcia) y Armando Sala (Alicante), no se someten a renovación, y el único alto cargo inmerso en el presente proceso, Antonio Gil-Terrón (Valencia), tiene garantizada su continuidad.