Imputado el presidente de la Cámara de Barcelona por la venta de un edificio

Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, ha sido imputado por un juzgado debido a la operación de venta de un inmueble en Barcelona, que tributó al Ayuntamiento por debajo de lo que le correspondía por el impuesto de plusvalías. El juzgado investiga varias operaciones de presunto fraude con este impuesto en diversas ventas, por las que están imputadas una treintena de personas.

Valls y sus tres hermanos vendieron en 1991 un edificio de viviendas en la calle de Rocafort de Barcelona a una sociedad denominada Hierros Almada. Pagaron al Ayuntamiento 6.723 euros cuand...

Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, ha sido imputado por un juzgado debido a la operación de venta de un inmueble en Barcelona, que tributó al Ayuntamiento por debajo de lo que le correspondía por el impuesto de plusvalías. El juzgado investiga varias operaciones de presunto fraude con este impuesto en diversas ventas, por las que están imputadas una treintena de personas.

Valls y sus tres hermanos vendieron en 1991 un edificio de viviendas en la calle de Rocafort de Barcelona a una sociedad denominada Hierros Almada. Pagaron al Ayuntamiento 6.723 euros cuando la operación debía haber tributado casi 10 veces más, 64.032 euros, según informó ayer El Periódico de Cataluña.

Valls no pudo ser localizado ayer por este diario, aunque fuentes próximas a él descartaron cualquier relación con una supuesta trama dedicada a defraudar al fisco municipal en operaciones de tributación de plusvalías inmobiliarias. "En este caso no ha habido alteración de los datos y, al parecer, todo se ha debido a un error al haber enviado el ayuntamiento un recibo por debajo de lo que correspondía", dijeron las fuentes consultadas, que añadieron que ya se ha pagado la diferencia.

Las investigaciones sobre un presunto fraude en la tributación al Ayuntamiento de Barcelona de las plusvalías se iniciaron a raíz de una inspección realizada por el propio consistorio. Después de esta inspección la fiscalía denunció los hechos a un juzgado, que empezó a actuar e imputó a varios asesores y a tres funcionarios municipales. El juzgado encargado del caso investiga si alguno de los funcionarios manipuló datos informáticos para propiciar que las operaciones pudieran tributar por debajo de lo establecido.