Aplazado a marzo el juicio entre el Estado y la Junta por el Parador de Cazorla

El acto de conciliación celebrado ayer en torno a la propiedad del Parador de Turismo El Adelantado, de Cazorla (Jaén), concluyó sin avenencia entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. De esta manera, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Jaén ha fijado para el día 15 de marzo el juicio. Mientras la Junta defiende la titularidad en base al decreto de transferencias a la comunidad autónoma, los letrados del Estado defendieron que la gestión y explotación de los paradores nacionales corresponde a Tourespaña, una empresa que depende directamente del Ministerio de Hacienda....

El acto de conciliación celebrado ayer en torno a la propiedad del Parador de Turismo El Adelantado, de Cazorla (Jaén), concluyó sin avenencia entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. De esta manera, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Jaén ha fijado para el día 15 de marzo el juicio. Mientras la Junta defiende la titularidad en base al decreto de transferencias a la comunidad autónoma, los letrados del Estado defendieron que la gestión y explotación de los paradores nacionales corresponde a Tourespaña, una empresa que depende directamente del Ministerio de Hacienda.

El Estado sostiene que el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) cedió en 1963 el parador al Ministerio de Turismo para su uso turístico. Sin embargo, fuentes de la Junta indicaron ayer que no fue una transferencia de dominio sobre la propiedad, sino una cesión para uso turístico. Además, la Junta argumenta que al producirse el decreto de transferencias, por el que el Gobierno andaluz asumió las competencias de conservación del medio ambiente, la Junta inscribió a su nombre el monte de Navahonda, en el que se encuentra el Parador de Cazorla, dentro del anexo de bienes inmuebles. Por este motivo, la Junta entiende que no se produjo tal segregación al Ministerio de Turismo de ese inmueble, sino que forma parte de todo el catálogo de inmuebles que fueron cedidos en su día a la comunidad.

El contencioso que enfrenta a la Junta y al Gobierno central dura ya una década. Fue en 1994 cuando la Junta inscribió a su nombre el monte de Navahonda y canceló la nota de propiedad del Estado sobre el parador. La Administración estatal decidió entonces promover una acción declarativa de dominio solicitando al Juzgado que reconociera que es el legítimo propietario. Los letrados del Estado argumentan que el objetivo de la transferencia del monte a la Junta era la conservación del medio ambiente, pero no la explotación y fomento de la actividad turística en la zona, tarea encomendada a Tourespaña.