120 agentes desalojan a 90 inmigrantes de una nave de Vallecas

El férreo dispositivo de vigilancia terminó con el derribo de una antigua granja porcina

Un abrumador dispositivo policial, formado por más de 120 agentes, desalojó en menos de una hora una antigua granja porcina del distrito de Villa de Vallecas que estaba ocupada por unos 90 inmigrantes rumanos. Así lo ordenó la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento se hicieron cargo de las mujeres y los niños, que fueron trasladados a un cercano campamento de la Cruz Roja situado en las proximidades de Valdemingómez. Después, dos excavadoras se encargaron de derribar las naves abandonadas.

Unos minutos antes de las 10.00 surgieron...

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Un abrumador dispositivo policial, formado por más de 120 agentes, desalojó en menos de una hora una antigua granja porcina del distrito de Villa de Vallecas que estaba ocupada por unos 90 inmigrantes rumanos. Así lo ordenó la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento se hicieron cargo de las mujeres y los niños, que fueron trasladados a un cercano campamento de la Cruz Roja situado en las proximidades de Valdemingómez. Después, dos excavadoras se encargaron de derribar las naves abandonadas.

Unos minutos antes de las 10.00 surgieron en la finca La Loma, en el camino del Pardo, junto a la carretera de Valdemingómez, una treintena de coches patrulla de la Policía Municipal. Iban acompañados por las autoridades judiciales que ordenaron el desalojo de la antigua granja porcina y de agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Villa de Vallecas y de la Brigada de Extranjería y Documentación, junto con tres ambulancias del Samur-Protección Civil.

Una hora antes, una decena de policías locales habían formado un cordón de seguridad. Éste lo completaron unos ocho agentes municipales a caballo y en moto que rodearon el perímetro de la granja para evitar que cualquiera de sus moradores huyera campo a través. La operación se desarrolló sin ningún contratiempo y no fue necesario el uso de la fuerza. A esto contribuyó que en las naves abandonadas sólo estaban madres con sus hijos y algún varón que estaba en paro.

Según la policía, el dispositivo fue tan amplio porque esperaban que en la antigua granja hubiera unas 90 familias, lo que suponía que los agentes tendrían que hacer frente a unas 200 personas.Los agentes entraron a las 10.00 e hicieron que salieran los inmigrantes de sus chabolas.

La suciedad y la miseria eran la tónica dominante del paupérrimo escenario. Los niños, mal vestidos, miraban con caras de tristeza y frío a los policías y a los agentes sociales, mientras los funcionarios de Extranjería se limitaban a comprobar la documentación de los inmigrantes.

Algunos pequeños no dejaron de llorar. A su alrededor quedaban las chabolas construidas con viejos tableros cochambrosos, donde las pequeñas estancias eran compartidas por familias de seis y siete personas, en su mayorías niños de corta edad. En escasos nueve metros cuadrados se hacinaban las cocinas, los colchones y las escasísimas pertenencias de estos inmigrantes. El frío se colaba por las rendijas, mientras en el barrizal del exterior se veían zapatillas rotas o peluches destrozados por el paso del tiempo.

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El panorama dentro de las antiguas naves era aún más desolador si cabe: las abandonadas cochiqueras eran un cúmulo putrefacto de basuras, donde se mezclaban todo tipo de harapos, latas por doquier y miseria en forma de pobreza. El cielo plomizo lo hacía aún más deprimente.

Los inmigrantes se tomaron el desalojo con mucha tranquilidad, como si ya estuvieran acostumbrados a estas operaciones policiales. Recogieron con paciencia sus escasas pertenencias y las sacaron fuera de las chabolas, mientras algunos policías con mascarillas puestas en la boca les vigilaban atentamente. Viejas televisiones en color, bolsas repletas de ropa y algunos alimentos junto con mantas y edredones formaron sus equipajes. Según abandonaban sus chamizos, perros policías adiestrados rastrearon el poblado en busca de estupefacientes o que se escondieran posibles moradores del poblado. La búsqueda fue negativa.

La mayoría de los expulsados eran inmigrantes rumanos procedentes del poblado chabolista de El Salobral (Villaverde), que fueron desalojados el año pasado. De allí fueron trasladados al poblado de prefabricados que tiene Cruz Roja y la Asociación Comisión Católica de Emigración cerca de Valdemingómez. "Nos echaron del poblado porque tiene unas normas muy rígidas. Mi marido empezó a beber y eso no dejan. Después le repatriaron a Rumania. Ahora me he quedado sola con mi hijo", señaló Giorge Daniela, una mujer de 33 años, mientras amamantaba a su hijo de tres meses. Éste se encontraba embozado en una manta. "Los gitanos vivimos muy mal en Rumania. No tenemos ni para comer. Ahora sé que mi hijo, de sólo cinco años, y mi marido estarán muertos de hambre y en la calle sin poder calentarse", añadió. Daniela vive gracias a que se dedica a mendigar por la calle. Consigue una media de 10 euros al día con los que tiene que sobrevivir.

Marido deportado

Un caso similar lo vivió Alina Tomerllu, de tan sólo 17 años. Sostiene en sus brazos a Cristina, una niña de dos meses que permanece somnolienta y de la que sólo se ven los diminutos ojos asomar de entre una gran manta rosa. "Estoy sola con mi madre. No podemos comer más que patatas o sopas. Mi marido se dedicaba a cuidar obras con otros gitanos, pero fue detenido y la policía lo deportó. Ahora está con mis otros dos hijos en Rumania", dice esta joven, que se casó a los 14 años. Y esta serie de desgracias no le han borrado una amplia sonrisa de la boca. Sabe que ahora le toca peregrinar a un nuevo campamento y lo acepta. "Quiero algo seguro para que la pequeña pase el invierno", concluyó.

Vasile, un inmigrante de 28 años, ha pasado muchas penurias en los cinco años que lleva en España. Comenzó trabajando en el campo en el municipio murciano de Águilas. Luego se vino a Madrid, donde le dieron algún empleo eventual de albañil en diversas obras de la región. Cobraba unos 20 euros al día, con los que mantenía a sus dos hijos de siete y nueve años. Además ese pequeño sueldo le permitía vivir de alquiler con otros compatriotas en un piso de Leganés. Pero el trabajo se acabó de repente y su jefe no pudo darles más trabajo. "Ha venido una mala época y no vemos cómo vamos a salir de esto. Ojalá que nuestro jefe nos pueda dar trabajo pronto", explicó Vasile, quien aseguró que tiene "todos los papeles en regla". "Antes mis hijos iban al colegio todos los días, pero como hemos tenido que dejar Leganés, han dejado la escuela", añadió.

La policía detuvo a uno de los inmigrantes acusado por el juzgado número 13 de usurpación de la propiedad privada, en este caso la granja porcina que se encontraba abandonada desde los años sesenta. Otros nueve compatriotas fueron trasladados a la comisaría de Villa de Vallecas por carecer de permisos de residencia. Allí se les iniciaron los expedientes de expulsión. Después fueron puestos en libertad.

Dos excavadoras comenzaron a derribar las naves, antes incluso de que la policía abandonara el lugar, mientras varios camiones municipales trasladaban los enseres de algunos inmigrantes a los nuevos poblados donde han sido realojados.

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