Legislar para el telediario

La forma como el Gobierno pretende sacar adelante una reforma del Código Penal que permita meter en la cárcel a quien convoque un referéndum sin tener competencia para ello es un disparate que agrava otro disparate. Lo es utilizar la vía penal -sólo practicable como ultima ratio, agotadas todas las otras- para hacer frente a una decisión político-institucional, por criticable que sea, y lo es en grado sumo la planteada por Ibarretxe. Pero lo es más todavía cuando se pretende introducir una reforma tan grave mediante una enmienda en el Senado a un proyecto de ley que nada tiene que ver c...

La forma como el Gobierno pretende sacar adelante una reforma del Código Penal que permita meter en la cárcel a quien convoque un referéndum sin tener competencia para ello es un disparate que agrava otro disparate. Lo es utilizar la vía penal -sólo practicable como ultima ratio, agotadas todas las otras- para hacer frente a una decisión político-institucional, por criticable que sea, y lo es en grado sumo la planteada por Ibarretxe. Pero lo es más todavía cuando se pretende introducir una reforma tan grave mediante una enmienda en el Senado a un proyecto de ley que nada tiene que ver con el asunto.

Las decisiones improcedentes de las instituciones pueden impugnarse ante los tribunales de lo contencioso-administrativo y, en última instancia, ante el Constitucional. El Código Penal cuenta ya hoy con preceptos aplicables al supuesto considerado. Si a pesar de ello el Gobierno se empeña en modificar una ley orgánica -y el Código Penal lo es-, la propuesta tendría que ser previamente informada por el Consejo del Poder Judicial. No sólo se quiere esquivar esta obligación, sino que se intenta limitar al mínimo el debate parlamentario sobre su contenido mediante el truco de plantearla como enmienda a una ley, la de Arbitraje, pendiente de aprobación en el Senado.

El PP le ha cogido gusto a esta manera de reformar las leyes saltándose los procedimientos establecidos. No hace mucho aprovechó los últimos trámites de la aprobación del nuevo Código Penal en el Senado para reformar algunos aspectos de la Ley Penal del Menor, y lo mismo hizo poco después con una reforma parcial de la prisión provisional, introducida a marchas forzadas en la Ley sobre la Corte Penal Internacional, que se debatía entonces en la Cámara alta. Es uno de los efectos de esta manía de legislar en caliente, para el telediario, que domina a los actuales ministros de Justicia e Interior. Los jueces se quejan, con razón, de la inseguridad jurídica que genera este carrusel de normas legales en permanente estado de reforma.

Con el truco de las enmiendas en el Senado, donde el PP también tiene mayoría absoluta, el Gobierno está consiguiendo legislar como si lo hiciera por decreto-ley. El Congreso, que es la Camara deliberativa por excelencia, se limita a ratificar en bloque el proyecto salido del Senado, sin debate de enmiendas. Es un escándalo que por esa vía pueda aprobarse un precepto con consecuencias tan graves. Y una vergüenza que se haya vaciado de su función esencial al Parlamento con el pretexto de que nada es tan urgente como llenar los informativos de reformas llamativas.