El juez Del Olmo registra otra vez el diario 'Euskaldunon Egunkaria'
El magistrado interviene pruebas y realiza un inventario para liquidar la empresa
Una comisión judicial encabezada por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo realizó ayer un minucioso registro en las dependencias del diario en euskera Euskaldunon Egunkaria en Andoain (Guipúzcoa), que el magistrado clausuró el pasado 20 de febrero, por entender que la publicación está controlada por la organización terrorista ETA.
Durante el registro de la sede del diario, que duró varias horas, se buscaron documentos y otros efectos que tengan alguna relación con los delitos que se investigan, según manifestaron fuentes jurídicas. Además, se realizó un inventario de to...
Una comisión judicial encabezada por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo realizó ayer un minucioso registro en las dependencias del diario en euskera Euskaldunon Egunkaria en Andoain (Guipúzcoa), que el magistrado clausuró el pasado 20 de febrero, por entender que la publicación está controlada por la organización terrorista ETA.
Durante el registro de la sede del diario, que duró varias horas, se buscaron documentos y otros efectos que tengan alguna relación con los delitos que se investigan, según manifestaron fuentes jurídicas. Además, se realizó un inventario de todos los bienes existentes en las oficinas ante su eventual desprecinto.
Al registro, al que seguirán otros en las restantes sedes del diario, asistieron además del juez y la secretaria judicial, el administrador, el interventor nombrado al efecto, agentes de la Guardia Civil y los abogados del rotativo, Iñigo Iruin, Eneko Etxeberria y José María Elosua. Según Iruin, el inventario se hace para liquidar la empresa, ya que el administrador judicial y el interventor nombrado por Egunkaria coinciden en que es inviable.
El juez Del Olmo decidió el pasado febrero la clausura del diario Euskaldunon Egunkaria, la suspensión de actividades de sus sociedades editoras Egunkaria, SA y Egunkaria Sortzen, SL, así como el bloqueo y embargo de todas sus cuentas, el precinto de los locales y sedes. La clausura era por un plazo de seis meses, que luego renovó por otros seis. A varios de los directivos, que fueron detenidos, se les acusa de pertenencia a ETA, blanqueo de capitales procedentes del terrorismo, falsedades documentales y delito fiscal.