Del Rosal denuncia la "insensibilidad" municipal ante los problemas urbanísticos y medioambientales

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, destacó ayer, al presentar el informe anual de la institución correspondiente al ejercicio de 2002, que se alcanzó un "récord" de quejas presentadas por los ciudadanos, con un total de 2.243 admitidas y que dieron lugar a la apertura de expediente y que también se incrementó el número de expedientes abiertos de oficio por la institución. Urbanismo y vivienda, con un 11%, uso del valenciano (14%), servicios sociales (9%) y medio ambiente (8%) fueron los principales motivos de queja de los ciudadano. Mención aparte merecen los relacionados con el empleo ...

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, destacó ayer, al presentar el informe anual de la institución correspondiente al ejercicio de 2002, que se alcanzó un "récord" de quejas presentadas por los ciudadanos, con un total de 2.243 admitidas y que dieron lugar a la apertura de expediente y que también se incrementó el número de expedientes abiertos de oficio por la institución. Urbanismo y vivienda, con un 11%, uso del valenciano (14%), servicios sociales (9%) y medio ambiente (8%) fueron los principales motivos de queja de los ciudadano. Mención aparte merecen los relacionados con el empleo público, que supusieron el 18%, que Del Rosal atribuyó al elevado número de procesos de selección de personal del año 2002.

Crece el número de administraciones declaradas "hostiles" o "entorpecedoras"

Respecto a la colaboración de las administraciones públicas, el Síndic indicó que el número de las que se consideran "hostiles" o "entorpecedoras" de la labor de la institución, también ha crecido: 26 en 2002, frente a apenas media docena en el año anterior. Del Rosal explicó al respecto que "la Administración local no acaba de entender que el Síndic puede actuar de oficio". Los Ayuntamientos de Alicante, Aspe, San Juan y Pilar de la Horadada, en la provincia de Alicante, el de Estivella y la Mancomunidad de la Baronia (Valencia), y el de Almenara (Castellón), figuran en esa relación de administraciones hostiles.

En su informe, en el apartado correspondiente al urbanismo y el medio ambiente, el Síndic manifiesta su "enorme preocupación" por el "desentendimiento y la falta de control" por parte de las administraciones locales, lo que demuestra su "insensibilidad y falta de preocupación por los derechos de sus vecinos , a los que se condena a vivir en condiciones pésima, en términos de calidad de vida", algo que considera "inaceptable".

En este mismo apartado, y al hablar de una de las múltiples quejas recibidas en relación con la instalación de antenas para telefonía móvil, el Síndic indica que "se aprecia una importante divergencia en el cumplimiento de la legalidad autonómica valenciana reguladora de las actividades calificadas, y ello por una cierta confusión generalizada sobre la obligatoriedad o no de su previa obtención" para autorizarlas. El Síndic hace una serie de recomendaciones a las diferentes administraciones como una modificación de nomenclátor de actividades calificadas, para incluir las antenas de telefonía móvil y la elaboración de ordenanzas municipales para delimitar el uso y emplazamiento de estas instalaciones.

Otro aspecto en el que incide el Síndic, a raíz de una queja incoada de oficio es el relacionado con la relación de los ciudadanos con las administraciones y, en concreto, en lo referente al acuse de recibo. La institución ha elaborado un completo estudio al respecto, con consultas tanto a las consejerías de la Generalitat como a las Diputaciones y los Ayuntamientos. "Resulta muy bajo el número de municipios que practican la comunicación de acuse de recibo en los procedimientos iniciados a instancia de los ciudadanos", señala el informe, que añade que la mayoría de los ayuntamientos han alegado la "falta de medios de carácter personal y material".