El fiscal jefe pide a Aguirre que levante el Campus de la Justicia

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, aboga por que el nuevo Gobierno regional salido de las elecciones del pasado 26 de octubre, encabezado por Esperanza Aguirre, siga adelante con el llamado Campus de la Justicia, un proyecto diseñado por el Ejecutivo del presidente en funciones y actual alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.

El fiscal, que en julio sucedió a Mariano Fernández Bermejo después de que el Gobierno central decidiera renovar a 39 cargos de la cúpula fiscal, defendió la propuesta de unificar todas las sedes judiciales y de acelerar la creación de este nuevo espacio...

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, aboga por que el nuevo Gobierno regional salido de las elecciones del pasado 26 de octubre, encabezado por Esperanza Aguirre, siga adelante con el llamado Campus de la Justicia, un proyecto diseñado por el Ejecutivo del presidente en funciones y actual alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.

El fiscal, que en julio sucedió a Mariano Fernández Bermejo después de que el Gobierno central decidiera renovar a 39 cargos de la cúpula fiscal, defendió la propuesta de unificar todas las sedes judiciales y de acelerar la creación de este nuevo espacio. A su juicio, uno de los mayores problemas que actualmente presenta la justicia en Madrid es la dispersión de los órganos judiciales, que, según dijo, genera enormes trastornos a todas las partes presentes en un procedimiento (abogados, denunciantes, acusados, testigos...), y en especial a los fiscales. Para Moix, resulta "prioritario" unificar la justicia en un mismo emplazamiento, ya que la actual dispersión provoca un enorme esfuerzo para los representantes del Ministerio Público.

Según señaló, los fiscales deben cubrir "todos" los juicios penales, lo que provoca que "no lleguen" a muchos civiles y que en ocasiones tengan que desplazarse de una punta a otra de la ciudad para asistir a diligencias de prueba y vistas orales.

Operación Chamartín

La Ciudad de la Justicia supondría la reagrupación de todas las sedes judiciales, incluida la Audiencia Nacional, en un mismo espacio que, según lo proyectado por la anterior Administración, quedaría ubicada en lo que será la prolongación del paseo de la Castellana, lo que se conoce como la Operación Chamartín.

Una de las posibilidades que barajaba Ruiz-Gallardón era la de emplazar este nuevo enclave judicial a continuación de las vías férreas de la estación de Chamartín -que quedarán soterradas- y llevar el metro, mediante la prolongación de la línea 10, hasta las mismas sedes reagrupadas, bautizando con el nombre de Campus la nueva estación del suburbano.

La Consejería de Justicia, cuya titular cuando se pensó en el nuevo recinto era la hoy concejal de Medio Ambiente, Paz González, llegó a presentar, al término de la última legislatura, el estudio de necesidades y el diseño del proyecto. Sin embargo, no se llegó a abrir el concurso de adjudicación.

Dicho estudio preveía contar con un presupuesto de 215 millones y con una superficie para construir de 200.000 metros cuadrados sobre rasante y otros 60.000 bajo rasante. En ellos se levantarían edificios para todos los órganos jurisdiccionales autonómicos, así como para otras instalaciones -como residencias para jurados, bancos, restaurante, guardería...-, que en conjunto tendrían capacidad para albergar a 10.000 personas diarias. Tras las elecciones del pasado 25 de mayo, el Campus de la Justicia quedó en suspenso.