La Junta pacta con los sindicatos mejoras para los funcionarios

La Consejería de Justicia y Administración Pública firmó ayer con los sindicatos C COO, UGT, CSI-CSIF y Ustea un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración pública andaluza, que afecta a unos 20.000 empleados. La titular de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, destacó que estas mejoras incentivarán a los funcionarios, ya que se trata de medidas "muy novedosas" que propiciarán una Administración "más ágil, rápida, transparente y amable".

Entre las iniciativas recogidas en el acuerdo, cerrado tras más de tres años de negociacione...

La Consejería de Justicia y Administración Pública firmó ayer con los sindicatos C COO, UGT, CSI-CSIF y Ustea un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración pública andaluza, que afecta a unos 20.000 empleados. La titular de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, destacó que estas mejoras incentivarán a los funcionarios, ya que se trata de medidas "muy novedosas" que propiciarán una Administración "más ágil, rápida, transparente y amable".

Entre las iniciativas recogidas en el acuerdo, cerrado tras más de tres años de negociaciones, se encuentran las relativas a la conciliación de la vida laboral y familiar, igualdad de oportunidades, vacaciones y permisos y se instaura un premio de 150 euros por año de servicio. Además, la consejera valoró que el acuerdo también mejorará el funcionamiento de la Administración.

El acuerdo, que estará vigente hasta octubre de 2006, mantiene el compromiso de estabilidad y consolidación del personal interino, que los conflictos laborales que se susciten se sometan a arbitrajes y da un impulso a la formación específica y de idiomas para facilitar la promoción profesional y la mejora de la calidad de los servicios. UGT valoró las ventajas de este acuerdo, sobre todo en el ámbito de la flexibilidad horaria que introduce. Para CCOO, el documento es una muestra del "compromiso" y Ustea lo consideró "bastante positivo". Por su parte, CSI-CSIF coincidió en que constituye "un paso adelante para los funcionarios andaluces", aunque señaló que aún permanecen "algunas carencias", entre ellas, las relativas a la implantación de un fondo de pensiones.