El juez sienta en el banquillo a 13 personas por el fraude en el Consorcio de Turismo
El fiscal solicita entre 5 y 12 años de cárcel por malversación, prevaricación, estafa y falsedad
Después de más de tres años de investigación, un juez de Barcelona ha acordado la apertura de juicio oral contra 13 personas por las presuntas irregularidades económicas ocurridas entre 1993 y 1995 en el Consorcio para la Promoción del Turismo de Cataluña, dependiente de la Generalitat. El fiscal de delitos monetarios Fernando Rodríguez Rey solicita para ellos penas que oscilan entre cinco años y medio y 12 años de cárcel. La fiscalía les acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa, falsedad y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
La inve...
Después de más de tres años de investigación, un juez de Barcelona ha acordado la apertura de juicio oral contra 13 personas por las presuntas irregularidades económicas ocurridas entre 1993 y 1995 en el Consorcio para la Promoción del Turismo de Cataluña, dependiente de la Generalitat. El fiscal de delitos monetarios Fernando Rodríguez Rey solicita para ellos penas que oscilan entre cinco años y medio y 12 años de cárcel. La fiscalía les acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa, falsedad y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
La investigación se ha cerrado sin que la justicia haya podido averiguar adónde fueron a parar 984.292 euros que se ha podido demostrar que se pagaron del erario público y que beneficiaron a los imputados o a sus empresas. "Los cheques se cobraban en ventanilla, ignorándose su paradero", asegura de manera clara el magistrado Francisco González Maíllo, titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, en el auto de apertura de juicio oral.
El juez ordena que los acusados depositen esa cantidad en concepto de fianza civil en el plazo de 24 horas, y si no, que sean embargados sus bienes. A raíz de esta investigación se descubrió que las empresas beneficiarias recibieron subvenciones de otros departamentos de la Generalitat, lo que motivó la apertura de otra causa separada que investiga el mismo juez.
En el escrito de acusación del fiscal aparece como principal responsable Joan Cogul, que fue director del Consorcio de Turismo de Cataluña entre enero de 1992 y diciembre de 1995. El fiscal solicita para él 12 años de prisión y el juez considera que realizó concesiones arbitrarias. "Se pagó por servicios innecesarios o no prestados, o llevados a cabo por el organismo que dirigía. Ello redundó en beneficio de determinadas empresas vinculadas al mismo y a su entorno", afirma.
Una de estas empresas fue la escuela de idiomas Bewerly, que en cuatro años facturó 21,5 millones de pesetas (129.448 euros) al consorcio. La propietaria de ese centro era Carmen Fargas, esposa de Cogul, para la que el fiscal reclama nueve años de cárcel. Los otros 11 imputados son también los responsables de las empresas beneficiarias de esas concesiones.
Entre los acusados figuran Víctor Manuel Lorenzo Acuña, así como Eugenio Guijarro, que fue socio del diputado de Unió en el Congreso Josep Sánchez Llibre. También está el militante de este partido Santiago Vallvé, que figura como acusado en el caso Pallerols, de financiación irregular de UDC. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, exigió ayer al secretario general de CiU y líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, que "deje de escurrir el bulto y dé la cara" ante esa decisión judicial. Iniciativa per Catalunya Verds se ha personado como acusación popular. Del caso han quedado exculpadas tres personas. Entre ellas, el ex director general de Turismo de la Generalitat Josep Cerveró y el primer director del consorcio, Alexandre Betoret.
"Informes inútiles"
En todos los casos, explica el juez, Cogul "prescindió de la normativa vigente en aquellos momentos para la contratación" o bien se tramitaron los expedientes después de concederse la subvención. En otros, se hacía "sin concurrencia de ofertas de unos supuestos trabajos o informes inútiles, plagiados o innecesarios, con el fin de desviar dinero público". Cogul, prosigue el juez, podía autorizar gastos de hasta cinco millones de pesetas en aquella época; pero, si era necesario, fraccionaba las contrataciones para darles visos de legalidad, Otras veces se hacían sin partida presupuestaria.
Las empresas beneficiarias, asegura el magistrado, cobraron por servicios "que no estaban en condiciones de prestar". Otras, como la asesora Dis Catalonia, SL, de la que también era administradora Carmen Fargas, no tenían "ni almacén ni empleados". Pese a ello, Dis Catalonia facturó al consorcio 36,7 millones de pesetas (221.062 euros) entre 1993 y 1995. Desde que se acabaron las subvenciones permanecen inactivas.
Algo parecido ocurre con Stone Up Assesorament, dedicada a organizar ferias en el extranjero. Era una sociedad que "carecía de personal y de infraestructura", pero facturó 13,2 millones de pesetas (79.642 euros). Asimismo se pagó un sueldo mensual de 411.765 pesetas a Jaume Amenós sin tener contrato ni ocupación. Facturó 7,7 millones de pesetas (46.826 euros) por estudios "plagados de irregularidades", y también se pagaron 3,9 millones de pesetas (23.914 euros) por dos estudios que "son una copia literal traducida al catalán de (...) publicaciones en castellano del ministerio".