El Pacto de Toledo
Conocido suficientemente el alcance y la intención del Pacto de Toledo -que pretende evitar que los Pensionistas sean tráfico mercantil en las campañas electorales que las fuerzas políticas nos tienen acostumbrados- podemos felicitarnos, porque se ha renovado con suficiente antelación para no convertir en mercancía de trueque el voto de las "personas mayores" en los próximos comicios. Que las prestaciones no contributivas, sean financiadas por el Estado; que se realice económico-patrimonial entre la Seguridad Social y el Estado; y que se mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas, nos p...
Conocido suficientemente el alcance y la intención del Pacto de Toledo -que pretende evitar que los Pensionistas sean tráfico mercantil en las campañas electorales que las fuerzas políticas nos tienen acostumbrados- podemos felicitarnos, porque se ha renovado con suficiente antelación para no convertir en mercancía de trueque el voto de las "personas mayores" en los próximos comicios. Que las prestaciones no contributivas, sean financiadas por el Estado; que se realice económico-patrimonial entre la Seguridad Social y el Estado; y que se mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas, nos parece correcto y deseable, ya que son reivindicaciones sentidas durante mucho tiempo. Se ha advertir, no obstante, que el mantenimiento del poder adquisitivo, con el incremento del IPC anual, no se consigue, puesto que el cálculo del índice se conforma mediante la combinación de diversos componentes. Y siendo que las personas mayores suelen ser consumidoras de productos alimenticios fundamentalmente (sin que compren un piso, o cambien de vehículo habitualmente), los productos alimenticios -que son los que compran a diario- han subido un en realidad un 10%, mientras que el IPC que es el utilizado para la revisión de las pensiones lo ha hecho sólo un 2%. Por ello, el pensionista, año tras año, viene perdiendo poder adquisitivo. Positivo resulta que se aproximen las bases de cotización a los salarios percibidos. Pero siempre que las pensiones sean consecuencia de la cuantía cotizada, y se calculen razonablemente, teniendo en cuenta el haber regulador base, sin disminuir la cuantía por la fijación del tope máximo de las pensiones, pues el principio de solidaridad que se esgrime para establecerlo ha de ser general para todos los ciudadanos a través de los Presupuestos del Estado, que reducirlo a un grupo de pensionistas con mejor pensión, por haber cotizado más, mermándole parte de sus derechos. Evidentemente, la reformulación de las prestaciones de viudedad y orfandad y el avance en la mejora de las pensiones más bajas, resulta altamente gratificante. La justicia social lo demanda, por cuanto la meta final ha de ser que las pensiones sean de cuantía suficiente para propiciar una vida digna. En el Pacto de Toledo lo único que se echa de menos es la participación directa de todas las asociaciones que aglutinan a los colectivos de personas mayores y pensionistas más representativos, que son las que conocen perfectamente sus necesidades y pueden aportar sus experiencias para la solución de los problemas.